Nación.Privatización de Nucleoeléctrica
El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica: venderá el 44% de las acciones
El Gobierno nacional formalizó la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante un edicto en el Boletín Oficial, en el marco de su programa de privatización.
El Gobierno nacional ha dado un nuevo paso en el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa encargada de operar las tres centrales nucleares del país. A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre, se formalizaron modificaciones en los estatutos de la compañía y se estableció un capital social de $6,69 billones, en el marco de la reorganización necesaria para avanzar con la venta de una parte de sus acciones.
Esta iniciativa forma parte del programa de transformación de empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei y está contemplada en la Ley Bases. El esquema prevé la venta del 44% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, destinar hasta un 5% a un programa de propiedad participada para los trabajadores y mantener el 51% restante en manos del Estado.
La decisión se inscribe en un proceso que el Ejecutivo anunció en septiembre de 2025. Según los argumentos oficiales, la incorporación de capital privado busca obtener recursos para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de la vida útil de Atucha I y obras relacionadas con el almacenamiento de combustible nuclear gastado.
El plan de privatización parcial establece que el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica se venderá en bloque a través de una licitación pública. Este mecanismo permitirá convocar a potenciales inversores para participar en la adquisición de una parte de la compañía. Además, el Gobierno prevé implementar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital social, permitiendo que los trabajadores se conviertan en accionistas de la empresa, aunque este esquema requiere definiciones administrativas.
La estructura accionaria actual de Nucleoeléctrica está distribuida entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), que tiene el 1% restante. La modificación estatutaria y la definición del capital social son pasos administrativos dentro del proceso, y la publicación reciente no implica que la venta de acciones ya se haya concretado.
La privatización parcial fue autorizada en 2025 mediante el Decreto 695/2025, que estableció la venta del 44% de las acciones y la creación de un programa de propiedad participada del 5%. La norma también dispuso que el Estado conservara la mayoría accionaria, buscando así avanzar con la incorporación de capital privado sin transferir el control mayoritario de la compañía, que desempeña un papel estratégico en el sistema energético argentino.
Nucleoeléctrica Argentina opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto cuentan con una potencia instalada de 1.763 megavatios y aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica consumida en el país. La situación de Atucha I es un punto relevante del plan de inversión, ya que la central permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024, cuando comenzaron trabajos para extender su vida útil, con el objetivo de que vuelva al mercado eléctrico en 2027.
Entre los proyectos que el Gobierno busca financiar con la incorporación de capital privado también se encuentra el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), relacionado con la gestión de combustibles utilizados en la actividad nuclear. La Secretaría de Energía ha sostenido que la inversión privada permitirá ampliar las fuentes de financiamiento, diversificar riesgos y favorecer la continuidad operativa de la empresa. Sin embargo, la operación aún requiere completar las etapas previstas para concretar la venta, y la modificación de los estatutos y la fijación del capital social representan un avance en este camino, mientras el Estado mantendrá la mayoría accionaria de la compañía.
Fuente: El Litoral