La pelea por la privatización de AySA llega a la Suprema Corte bonaerense

La disputa judicial por la privatización de AySA ha sumado un nuevo capítulo. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, contra la decisión que había enviado la causa a la Justicia Federal.

El expediente ahora llega a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que deberá analizar si fue correcto sacar el caso del fuero contencioso administrativo provincial. La discusión de competencia se da en una causa iniciada por Lorenzino contra Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en la que se cuestionan las consecuencias que podría tener el nuevo esquema contractual de la empresa en el marco del proceso de privatización.

El planteo de la Defensoría apunta a que la reestructuración de AySA no implique una reducción de las obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente, las inversiones y las obras necesarias para garantizar el servicio. Además, se pone el foco en los pasivos ambientales y en los problemas estructurales que arrastra el sistema.

En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría, ordenando a AySA abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura, medida que alcanzó a 26 municipios bonaerenses. Posteriormente, la Cámara confirmó esa protección, estableciendo que AySA debía abstenerse de “modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar” las obligaciones asumidas respecto del agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio, hasta que se realice una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional.

Sin embargo, la Cámara entendió que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal, una decisión que el Defensor del Pueblo cuestionó. Este es el punto que ahora llegará a la Suprema Corte bonaerense.

En la resolución dictada el 2 de octubre, los camaristas Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideraron que el recurso fue presentado en tiempo y que reunía los requisitos legales para ser tratado. Los jueces destacaron que la decisión sobre la competencia podía ser considerada definitiva a los efectos del recurso extraordinario, ya que implica que el expediente pase a una jurisdicción extraprovincial.

La Cámara concluyó que estaban cumplidos los requisitos y resolvió conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Así, la discusión sobre qué justicia debe intervenir en la pelea por las condiciones de la privatización de AySA queda ahora en manos de la Suprema Corte bonaerense, planteando dos discusiones: el fondo del reclamo relacionado con las obligaciones de AySA y qué fuero tendrá finalmente la última palabra sobre ese conflicto.