ATER prorrogó hasta 2027 un cambio que deberá aplicarse en las facturas

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) ha decidido prorrogar hasta el 1º de enero de 2027 el plazo para que contribuyentes y responsables adecuen sus sistemas técnicos e informáticos a las obligaciones del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Esta medida se formaliza a través de la Resolución Nº 347.

La normativa original, establecida por la Resolución Nº 128/26, detalla las pautas que deben seguir los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio de Profesiones Liberales. Entre las disposiciones se incluyen los plazos de implementación y los datos que deben figurar en los comprobantes. Cabe recordar que Entre Ríos adhirió a este régimen mediante la Ley Nº 11.232, reglamentada posteriormente por el Decreto Nº 2026-1121-E-GER-GOB.

ATER ha justificado esta nueva prórroga al señalar que recibió solicitudes de diversos sectores económicos, como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, que pidieron ampliar nuevamente los plazos de implementación. Además, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas expresó inquietudes sobre la extensión de los plazos y la coordinación con otros regímenes similares.

El organismo también destacó que persisten dificultades técnicas que habían sido mencionadas anteriormente y que existen regulaciones similares adoptadas por otras jurisdicciones provinciales, lo que complica la aplicación del tributo a las operaciones con consumidores finales.

En los fundamentos de la medida, ATER subrayó la necesidad de armonizar los distintos regímenes fiscales para simplificar el cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Hasta que se logre esta armonización, se considera pertinente extender el plazo para que los contribuyentes realicen las adecuaciones necesarias.

La resolución establece que el nuevo plazo para la adecuación de los sistemas técnicos e informáticos será el 1º de enero de 2027. Antes de adoptar esta medida, la Dirección de Asuntos Jurídicos de ATER revisó el proyecto de resolución y no encontró objeciones legales. La disposición fue firmada por el director ejecutivo de ATER, Jesús Rafael Korell.