Abogados de Santa Fe cuestionan proyecto de seguridad por afectar garantías constitucionales

El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe expresó su preocupación por el proyecto de ley denominado "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", impulsado por el gobierno provincial y actualmente en discusión legislativa. Durante una conferencia de prensa, sus representantes advirtieron que algunas disposiciones podrían vulnerar garantías constitucionales, alterar la división de poderes y otorgar facultades propias de los jueces a organismos administrativos, policiales y fiscales.

La presidenta del Colegio, Balbina Cavalieri, encabezó la actividad y enfatizó que la necesidad de fortalecer la seguridad pública no puede justificar medidas que impliquen un retroceso en derechos fundamentales. "No estamos en contra de las medidas que tienden a garantizar la seguridad pública, pero no a costa de la vulneración de los derechos de las personas", afirmó.

Uno de los cuestionamientos más enfáticos provino de Néstor Oroño, abogado penalista, quien advirtió sobre la transferencia de atribuciones jurisdiccionales hacia otras áreas del Estado. "Los derechos fundamentales solamente pueden ser afectados en el marco de una causa judicial", explicó, señalando que la iniciativa podría colocar bajo sospecha a personas por el solo hecho de habitar determinados sectores geográficos.

Ignacio Alfonso Garrone, presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio, también expresó su preocupación, señalando que las nuevas herramientas deben tener límites y que el procedimiento por decreto fiscal podría avanzar sin las garantías de un proceso judicial pleno. Alejandro Otte, integrante del Colegio, cuestionó que se otorguen a la policía y al Ministerio Público facultades que corresponden exclusivamente a los jueces.

El abogado Federico Kiener respaldó el pronunciamiento institucional, aclarando que su intervención no tenía motivación partidaria, sino que buscaba señalar afectaciones a la Constitución y las libertades individuales. Las objeciones planteadas incluyen la posibilidad de que las fuerzas policiales interroguen a personas detenidas sin la presencia de su abogado y la habilitación de allanamientos domiciliarios sin control judicial previo.

La conferencia se desarrolló en un contexto de discusión sobre las herramientas normativas que impulsa el Ejecutivo para profundizar su política de seguridad. El gobernador Maximiliano Pullaro defendió el paquete legislativo, argumentando que la provincia necesita nuevas leyes para fortalecer el plan de seguridad. El Colegio de Profesionales de la Abogacía se puso a disposición de los poderes públicos para contribuir a la elaboración de herramientas normativas que atiendan las necesidades actuales en materia de seguridad, sin menoscabar las libertades y derechos de las personas.