La orden de detención de Alexandre de Moraes contra Flávio Bolsonaro abrió un nuevo frente de crisis para Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una crisis con la Corte Suprema de Brasil, representada por el juez Alexandre de Moraes. Este magistrado, que fue aclamado en el pasado por frenar los intentos de Jair Bolsonaro de debilitar la democracia brasileña, se ha convertido en un problema político para el presidente reelecto justo cuando se prepara para asumir un nuevo mandato con la promesa de sanar las divisiones del país.

Horas después de que Lula derrotara a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, en la segunda vuelta presidencial, Moraes ordenó al candidato perdedor entregar sus pasaportes. El juez justificó su decisión alegando el riesgo de que Flávio intentara huir del país ante el avance de varias investigaciones penales en su contra. Esta medida se tomó apenas horas después de que el tribunal electoral proclamara a Lula ganador de los comicios, y tras el intento fallido de Bolsonaro de impugnar los resultados.

La decisión generó un malestar generalizado, siendo calificada de desastrosa por algunos cercanos a Lula y a la Corte Suprema. El fallo irritó tanto a la campaña de Lula como a otros jueces del tribunal, quienes intentaban desactivar la confrontación con los simpatizantes de Bolsonaro. La orden de Moraes, al llegar justo después de la victoria de Lula, le dio al candidato derrotado una justificación para presentarse como víctima de una persecución política.

La tensión entre el máximo tribunal brasileño y el bolsonarismo se intensificó tras la confiscación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro, en un contexto donde el líder derrotado enfrenta múltiples causas penales. Esta medida reavivó entre los seguidores de Bolsonaro la percepción de que la Corte busca perseguir a su movimiento político, profundizando la tensión en una elección ya tumultuosa.

La situación se complica aún más por un cambio significativo en la composición del Senado entrante, que debe confirmar los nombramientos a la Corte Suprema y que también puede destituir jueces mediante un mecanismo constitucional que no se ha activado desde el regreso de la democracia en Brasil. El Partido Liberal de Bolsonaro, que obtuvo 29 de las 81 bancas del Senado, es el principal impulsor del juicio político contra jueces. Al menos 49 senadores que asumirán o continuarán en sus cargos el próximo año han expresado su respaldo a la destitución de jueces de la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Brasil ha tenido un papel inusual en la política del país durante las últimas dos décadas, y su influencia varía según el clima de opinión pública. Durante la presidencia de Bolsonaro, se convirtió en el principal antagonista institucional de un mandatario que atacaba frecuentemente a las instituciones democráticas. Moraes ha ejercido esos poderes con contundencia, siendo considerado por millones como clave para la defensa de la democracia, aunque también criticado por su disposición a ampliar la autoridad del tribunal.

Lula, quien inicialmente se benefició de las acciones de Moraes contra Bolsonaro, ha mostrado incomodidad con el magistrado y enfrenta presión para distanciarse de él. Algunos asesores consideran que debería haber actuado antes y con mayor firmeza para separar su gobierno de las controversias del tribunal.

Durante la campaña, Lula manifestó su respaldo a reformas en el máximo tribunal que podrían incluir mandatos fijos para los jueces y criterios más específicos para la elección de nuevos integrantes. Actualmente, dentro del palacio presidencial, prevalece la idea de que esa reforma no puede postergarse. Los cambios propuestos buscan establecer mandatos de entre nueve y 15 años para los jueces y limitar la competencia del tribunal sobre determinadas materias.

Sin embargo, cualquier intento de reformar el tribunal podría alimentar una crisis institucional aún mayor entre los tres poderes del Estado. Postergar los cambios podría seguir erosionando la credibilidad de una institución que ha sido un pilar de la democracia brasileña.