La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte

La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País. La administración nacional tiene un plazo de 60 días para responder a esta solicitud.

El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Este caso se convierte en un antecedente inmediato para otros reclamos provinciales relacionados con el financiamiento del transporte, ya que la Corte también se declaró competente en planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa.

La provincia de Buenos Aires argumentó que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de 2024, junto con los intereses. La Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.

El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó esta medida. Ante esto, la provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de dicho artículo y solicitó que el Gobierno se abstenga de dictar normas que contradigan la ley.

El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior. Buenos Aires sostiene que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado, ya que la ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024.

La demanda fue presentada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, y Jorge Mario Bru, quienes cuestionaron que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia. La provincia denunció una afectación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación entre la Nación y las provincias.

La eliminación del FCI impactó en los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones, lo que derivó en aumentos de tarifas. La procuradora fiscal había emitido un dictamen favorable para que la Corte interviniera, lo que llevó al tribunal a notificar al Ministerio de Economía de la Nación sobre la demanda.

La Rioja también obtuvo el reconocimiento de la competencia originaria de la Corte en su demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Transporte, aunque deberá presentar un nuevo escrito inicial en 10 días para continuar por la vía de un juicio ordinario. La provincia de La Pampa seguirá un recorrido procesal similar al de Buenos Aires, con el tribunal asumiendo la competencia originaria y tramitando el expediente como juicio ordinario.