Jorge Macri pedirá el juicio político para la jueza que declaró inconstitucional la baja en la edad de imputabilidad en CABA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que solicitará el juicio político a la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de imputabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión se produce tras el sobreseimiento de un chico de 14 años en un caso de tentativa de robo.

En un mensaje en sus redes sociales, Macri expresó: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”. Además, afirmó que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y que no se disculpará por defender a los porteños.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también criticó a la jueza, señalando que “hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”. Bullrich agregó que “es muy difícil construir un país normal así” y que “estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

La resolución de De Marinis, firmada el lunes, determinó que la baja de la edad de punibilidad es regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sin embargo, su fallo no suspende la ley, a diferencia de un amparo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza Marta Pascual.

El caso se originó el 10 de septiembre, cuando un ciudadano de 47 años fue víctima de un intento de robo por parte de cinco jóvenes. La víctima logró escapar y alertar a un agente policial, lo que llevó a la detención de los sospechosos, incluido el menor. La fiscalía calificó el hecho como robo simple en grado de tentativa.

El Ministerio Público de la Defensa solicitó la declaración de inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil. De Marinis evaluó el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, concluyendo que someter a menores de 16 años a un proceso penal representa un retroceso respecto a la normativa anterior.

La jueza argumentó que el Estado debe ampliar las garantías de los derechos de la infancia y evitar medidas que restrinjan derechos ya consolidados. En su fundamentación, recordó que la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales prohíben políticas públicas regresivas sin justificación adecuada.

De Marinis también citó recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que instó a Argentina a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. Además, incorporó conclusiones de la neurociencia sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia, que limitan la capacidad de los jóvenes para comprender las consecuencias de sus actos.

En su resolución, la jueza afirmó: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”. También destacó que la incorporación al sistema penal debe ser el último recurso, y en este caso, consideró desproporcionado aplicar una sanción punitiva, dado que la conducta del adolescente fue una tentativa “burda y torpe” sin lesiones físicas a la víctima.