El expresidente Federico Franco apuntó contra Santiago Peña: “Es el robo más grande de la historia del Paraguay”

El expresidente de Paraguay, Federico Franco, acusó a Santiago Peña de utilizar el poder del Estado para favorecer a Ueno Bank mediante el direccionamiento de recursos públicos hacia la entidad financiera. En medio de la crisis política y financiera que atraviesa el país, Franco calificó el episodio como “el robo más grande de la historia del Paraguay”.

En una entrevista, Franco, quien gobernó entre 2012 y 2013, también criticó al vicepresidente Pedro Alliana y al expresidente Horacio Cartes, referente del Partido Colorado. Según el exmandatario, las responsabilidades alcanzan a distintos organismos estatales y no se limitan a las autoridades del banco.

Franco vinculó el origen de la controversia con las modificaciones normativas impulsadas durante los primeros meses de la gestión de Peña, señalando que “el presidente Peña presenta al Congreso durante los primeros meses de su mandato cuatro o cinco paquetes de leyes”. Además, cuestionó la circulación de funcionarios entre Ueno Bank y el Banco Central, afirmando que “el presidente de Ueno Bank pasa a ser presidente del Banco Central”.

El principal cuestionamiento de Franco estuvo dirigido al destino de los recursos estatales y previsionales, denunciando que una parte importante de esos fondos terminó depositada en Ueno Bank. “Toda la plata, o por lo menos gran parte de la plata, va a este banco que tenía poca credibilidad”, sostuvo.

Entre los organismos involucrados, mencionó al Instituto de Previsión Social (IPS), a Petróleos Paraguayos (Petropar) y al Ministerio de Economía. Franco se preguntó: “¿Quién fue el que le dio al presidente la autoridad para que él decida que la plata del Instituto de Previsión Social, la plata de la compra de combustible para Petropar o la plata del Ministerio de Economía para la jubilación de los funcionarios paraguayos vaya toda a Ueno Bank?”.

Franco reconoció que Peña dejó de tener un vínculo directo con la entidad a mediados de 2025, aunque señaló que todavía existen relaciones familiares con el banco. Consideró que los hechos podrían involucrar delitos como tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, afirmando que “se utilizó el poder que tenía él como presidente de la República para destinar este dinero público a ese banco”.

También cuestionó la expansión comercial de Ueno Bank y sus vínculos con el fútbol paraguayo, mencionando los presuntos atrasos en los pagos a jugadores de la selección nacional y al entrenador Gustavo Alfaro.

Franco sostuvo que la crisis compromete a distintos organismos del Estado, incluyendo el Congreso, los ministerios de Economía, el Banco Central, el Instituto de Previsión Social, la Corte Suprema y la Fiscalía General. Criticó la falta de acción del fiscal general y de la Corte Suprema ante las denuncias presentadas.

Al analizar el respaldo de legisladores colorados al avance del proceso contra Peña, Franco interpretó que existe una disputa interna por el control del partido. “Hay una disputa de poder entre el expresidente Horacio Cartes y el dueto de Peña con Alliana”, señaló.

El expresidente también se refirió a la situación de los clientes de Ueno Bank y a las medidas adoptadas para contener las consecuencias de la crisis, como la ampliación del mecanismo de garantía de depósitos aprobada por el Congreso. Sin embargo, cuestionó que el costo de cubrir los depósitos pueda recaer sobre el resto del sistema financiero.

Sobre el futuro de Ueno Bank, consideró que podría ser adquirida por otra compañía o cerrar sus operaciones. También reclamó investigar el destino de los recursos y recuperar los activos adquiridos durante la expansión del grupo empresarial.

En el plano político, Franco respaldó el rechazo del Congreso a la renuncia de Peña y la continuidad del juicio político, argumentando que una dimisión habría permitido al mandatario evitar las consecuencias institucionales del procedimiento.

Franco advirtió que la crisis también tiene consecuencias económicas, mencionando la depreciación del guaraní como una señal del impacto de la incertidumbre institucional. Finalmente, explicó las consecuencias constitucionales de una eventual renuncia de Peña frente a la continuidad del juicio político.