Chile: crece presión oficialista para que Kast indulte a policías condenados por el estallido social

Este domingo 18 de octubre se conmemora un nuevo aniversario del estallido social de 2019, lo que ha reavivado el debate sobre los indultos presidenciales. La presión sobre el presidente José Antonio Kast proviene de su propio sector, donde se le exige cumplir con una de sus principales promesas de campaña.

La diputada libertaria Paulina Muñoz ha señalado esta fecha como un momento simbólico para anunciar indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante las manifestaciones. "No queremos sentir incoherencia porque es esa la señal política que los chilenos están esperando. Además, señor Presidente, quienes confiaron en usted le confiaron el voto", afirmó Muñoz.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también respaldó esta postura, argumentando que los carabineros estaban cumpliendo con sus funciones y no deberían estar cumpliendo condenas. Sin embargo, evitó comprometer una fecha para la decisión, sugiriendo que no es adecuado apurar el tema a través de la prensa.

En cuanto a la posibilidad de evaluar conmutaciones de penas, Squella propuso que una alternativa podría ser sustituir la prisión por arresto domiciliario, aunque reiteró que lo más adecuado sería la libertad total.

La reciente muerte de Juan Manuel Aliste Vega, un ex miembro del grupo extremista de izquierda Movimiento Lautaro, quien había solicitado un indulto presidencial debido a un cáncer terminal, ha activado otro debate. El Partido Republicano ha propuesto un “indulto humanitario transversal” para cualquier recluso con una enfermedad que ya no represente un peligro social, lo que ha generado reacciones mixtas entre sus socios de Chile Vamos.

La oposición ha rechazado esta idea, considerándola una “moneda de cambio” inaceptable. Carolina Tohá, exministra de Interior, sugirió que las personas con enfermedades terminales deberían poder morir en sus casas, pero a través de un mecanismo regulado por los tribunales de justicia, no mediante indultos presidenciales.

Squella ha propuesto que la discusión sobre indultos se traslade hacia una regulación legal que establezca criterios claros, evitando que estas decisiones dependan de la voluntad del presidente. Sin embargo, esta iniciativa no ha logrado consenso en la oposición, donde se han expresado preocupaciones sobre la equiparación de delitos comunes con violaciones a los derechos humanos.

Desde el Ejecutivo, se mantiene la intención de revisar los indultos “caso a caso”, aunque el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha evitado fijar una fecha para resolver las solicitudes y ha descartado presiones políticas hacia el presidente.