50 sindicatos irán a la Justicia en reclamo de $688 mil millones de las obras sociales que retiene el Gobierno

El enfrentamiento entre el sindicalismo y el Gobierno por las obras sociales se intensifica. Unos 50 sindicatos, liderados por Luis Barrionuevo, presentarán en las próximas horas una demanda conjunta ante la Justicia para exigir que el Ministerio de Economía libere aproximadamente 688 mil millones de pesos que actualmente están retenidos.

En la denuncia se acusará al ministro de Economía, Luis Caputo, de incumplimiento de los deberes de funcionario público por mantener “pisado” dinero que corresponde a las obras sociales. Esta suma incluye 288 mil millones de pesos en un plazo fijo en el Banco Nación, destinados al Fondo Solidario de Redistribución, y otros 400 mil millones de pesos en Fondos FIMA, acumulados por una deuda que OSDE no cumplió en aportes generados por adherentes voluntarios.

La decisión de recurrir a la Justicia fue tomada en un encuentro reciente entre Barrionuevo y otros gremios en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA). La denuncia cuenta con el respaldo del Sindicato de Comercio, que maneja OSECAC, la obra social más grande del país con 1.200.000 afiliados.

Este movimiento judicial también representa un desafío a la CGT, que aún no ha tomado medidas concretas ante la crisis financiera de las obras sociales, a pesar de haber mantenido tres reuniones infructuosas con el ministro de Salud, Mario Lugones.

Barrionuevo, además, se opone al paro parcial de 2 o 4 horas que impulsa la CGT y propone un paro general de 36 horas para manifestar su desacuerdo con las políticas del gobierno de Javier Milei. Su gremio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), también planea un paro nacional el 16 de noviembre.

En el escrito que se presentará, se solicitará no solo la devolución de los fondos retenidos, sino también la actualización del nomenclador que el Estado utiliza para pagar medicamentos, el cual ha estado congelado durante tres años, afectando la capacidad de las obras sociales para cubrir costos.

El origen de los 288 mil millones de pesos que el Estado debe al sistema de obras sociales proviene de una partida adicional que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, incorporó en 2023 al Presupuesto Nacional, destinada a financiar prestaciones críticas. Desde entonces, solo se ha restituido parcialmente a las obras sociales.

Los 400 mil millones de pesos restantes provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, creado en 2016, donde se destinaron recursos del acuerdo de pago con OSDE. Este acuerdo fue resultado de una denuncia por incumplimiento de aportes, y los fondos se han utilizado para financiar el auxilio a las obras sociales.

La crisis financiera de las obras sociales se ha agudizado, con cortes de prestaciones y problemas de pago, lo que ha llevado a los sindicatos a destinar recursos millonarios para mantener el sistema de salud. La CGT ha intentado buscar soluciones, pero los sindicalistas se quejan de la falta de respuesta del ministro Lugones.

Según fuentes de la CGT, alrededor del 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a prestaciones por discapacidad, lo que limita los recursos disponibles para cubrir otras prestaciones más costosas. Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, advirtió sobre la situación crítica: “Estamos en una encerrona. La caída del poder adquisitivo y el aumento del gasto médico están llevando a las obras sociales a una situación insostenible.”