El abogado Luis Hermosilla vuelve a prisión preventiva por soborno

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ha decidido que el abogado penalista Luis Hermosilla regrese a prisión preventiva, acusado de cohecho y soborno en relación a una posible red de gestiones e intercambio de información reservada. En esta investigación también están involucrados el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

La decisión se tomó tras tres días de audiencia en los que se presentaron argumentos de ambas partes. Los querellantes, Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez, argumentaron que Hermosilla actuó como funcionario público en 11 de los 15 delitos de cohecho que se le atribuyen, a pesar de que su relación contractual con el gobierno no le otorgaba formalmente esa condición. Por su parte, la defensa solicitó mantener el arresto domiciliario parcial y el arraigo nacional, que ya habían sido decretados por su participación en el Caso Audios.

La magistrada resolvió imponer la prisión preventiva, considerando que la libertad del imputado representaba un riesgo para la sociedad. La investigación, liderada por la Fiscalía Regional de Arica, examina acciones realizadas entre 2016 y 2021 que habrían buscado influir en causas judiciales y acceder a información reservada mediante contactos personales y políticos.

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó evidencia de 15 hechos, respaldados principalmente por conversaciones de WhatsApp. En estos registros también aparece Chadwick, quien figura como imputado, aunque aún no ha sido formalizado. La Fiscalía sostiene que existió una relación de intercambio entre Guerra, Hermosilla y Chadwick, facilitando gestiones relacionadas con investigaciones de interés público durante la administración de Sebastián Piñera.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, destacó que la formalización de Hermosilla se centra en delitos de soborno, excluyendo el componente patrimonial de esta investigación. Carrera afirmó que los involucrados habrían acumulado compromisos a través de gestiones y favores, creando una "cuenta de ahorro corruptiva" para ser cobrados posteriormente.

Uno de los episodios discutidos fue la posterior contratación de Manuel Guerra en la Universidad San Sebastián, lo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) relacionó con un posible cohecho. El abogado querellante del CDE, Rodrigo Álvarez, presentó mensajes que sugieren conversaciones sobre la contratación de Guerra y gestiones para concretarla.

En cuanto a Andrés Chadwick, su situación es relevante en la investigación. Aunque su nombre aparece en los mensajes y en las gestiones, la Fiscalía aún no ha decidido si formalizar cargos en su contra, manteniéndolo como imputado sin formalización.