Starlink y la ciberdefensa: un dilema estratégico

El Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) ha solicitado la incorporación del servicio de Starlink como respaldo para sus actividades cibernéticas. Esta decisión busca asegurar el acceso al ciberespacio, evitando la dependencia de conexiones físicas que podrían ser interrumpidas. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la dependencia de una infraestructura comercial extranjera, especialmente considerando que Starlink opera en las Islas Malvinas y su tráfico se gestiona a través de infraestructura en Chile.

El general de brigada Luis Guimpel, titular del CCCD, argumenta que una red militar que dependa exclusivamente de conexiones físicas puede quedar vulnerable ante cortes o degradaciones. No obstante, el memo no aclara si la opción de Starlink incluye capacidades militares específicas o si se limita a un servicio comercial estándar. La misión del CCCD es proteger las redes informáticas de la Defensa y garantizar las operaciones militares, lo que hace que esta solicitud sea alarmante desde la perspectiva de la soberanía tecnológica.

Utilizar Starlink para comunicaciones administrativas o en situaciones de emergencia puede ser aceptable, pero su incorporación como redundancia para el acceso al ciberespacio es preocupante. Esto implica actividades estratégicas y técnicas que son fundamentales para la soberanía y la resiliencia nacional de las Fuerzas Armadas en el entorno digital.

Starlink ha demostrado su capacidad para establecer conexiones de alta velocidad en lugares remotos. En enero de 2025, miembros del Ejército Argentino utilizaron el servicio para comunicar la culminación de una escalada en el Cerro Aconcagua, lo que validó su funcionalidad en condiciones extremas.

El 19 de agosto, el director general de Comunicaciones del Ejército, general de brigada Pablo Gallo, adjudicó un contrato a Elipgo Technology, revendedor de Starlink, por un servicio de conectividad satelital destinado a la Red Satelital de la Defensa, por un monto de $467.687.200. Este contrato sugiere que el pedido de Guimpel está orientado a comunicaciones operacionales militares, no solo administrativas.

La dependencia de una infraestructura satelital que no es controlada por el Estado plantea un dilema que ya se discute en organizaciones militares globales. La OTAN, por ejemplo, ha iniciado el proyecto HALO para desarrollar una constelación de satélites militares soberanos, buscando evitar la dependencia de una única flota satelital.

En este contexto, Argentina ha lanzado un nanosatélite experimental, el NanoSat, que permite mantener el control sobre el activo espacial y el desarrollo tecnológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la Defensa en comunicaciones y servicios satelitales.

A pesar de que las Fuerzas Armadas pueden controlar sus equipos y redes internas, no tienen control sobre la constelación de satélites de Starlink, lo que representa un riesgo. La información que atraviesa esta infraestructura privada puede ser vulnerable a la ciberinteligencia.

La utilización de Starlink en las Malvinas añade una capa de complejidad geopolítica. Desde noviembre de 2025, el servicio opera en el archipiélago, con el tráfico dirigido a infraestructura en Chile, lo que genera preocupaciones sobre la soberanía argentina en la región.