Diputados retoman el debate sobre Malvinas

La Cámara de Diputados reanudó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con la participación de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había culminado en un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.

El oficialismo tenía la intención de firmar el dictamen del proyecto esta semana, pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras, junto con la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23, han retrasado sus planes. Fuentes del bloque LLA confirmaron que aún buscan incluir el proyecto en el temario de la sesión que solicitarán para el miércoles 21, lo que implica que deberán firmar el dictamen la próxima semana.

El debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político. Los expositores, en su mayoría convocados por la oposición, coincidieron en criticar varios puntos centrales del proyecto, especialmente la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y definiciones que, según ellos, permiten un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.

Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECM), advirtió que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, y que solo necesita aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.

Por su parte, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, aseguró que el proyecto presenta “serios problemas de constitucionalidad” al otorgar “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales. “Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal”, argumentó.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que abarca los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.

Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales, extendiendo el alcance de la Ley 26.659 para incluir toda explotación de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina. También se prevén sanciones para empresas, socios y proveedores, así como multas y la posibilidad de juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.

La oposición cuestiona la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional, que propone un sistema permanente de coordinación estatal en diversas áreas, con un órgano rector integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, y ministros clave. Además, se crean nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional, que incluyen multas y revocación de permisos.