Presupuesto trabado en Diputados: aliados piden que las promesas se plasmen en el texto

La Libertad Avanza no logró el respaldo de sus aliados para firmar el dictamen del Presupuesto 2027, lo que llevó a la suspensión de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para este miércoles. La Cámara de Diputados registró la convocatoria como "suspendida" tras una prolongada reunión entre Martín Menem y referentes de bloques aliados, donde no se alcanzó un acuerdo sobre las modificaciones al proyecto.

Desde el PRO señalaron que "no hay dictamen de Presupuesto, hay pedidos que el Ejecutivo no contestó". El despacho que el oficialismo esperaba cerrar este miércoles se trasladará inevitablemente a noviembre, con fechas tentativas para dictaminar el 11 o el 17. La sesión proyectada para el 18 sigue siendo una posibilidad, aunque también se menciona el miércoles 25 si las negociaciones continúan. Sin embargo, ninguna de estas fechas ha sido convocada oficialmente.

La demora en el tratamiento del Presupuesto también afecta al Senado, y el Gobierno considera la posibilidad de extender el tratamiento a diciembre mediante sesiones extraordinarias o una prórroga. El martes, se cerró la ronda informativa con exposiciones de funcionarios del Ministerio de Desregulación, quienes defendieron la reducción de estructuras estatales y afirmaron que desde diciembre de 2023 se eliminaron unos 81.000 empleos públicos.

Entre las condiciones del PRO se encuentra que se refleje en el Presupuesto la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. También se han planteado pedidos relacionados con Entre Ríos, como la reducción del IVA sobre huevos y derivados del 21% al 10,5%, así como la revisión del impuesto a los combustibles y el estado de las rutas nacionales.

Una de las diferencias centrales radica en la forma en que se plasman los compromisos. Desde el macrismo exigen que se incorporen a la ley en lugar de aceptar acuerdos separados sujetos a decisiones posteriores. Por su parte, Hacienda mantiene el superávit fiscal como límite para cualquier modificación.

La UCR y otros bloques han insistido en la necesidad de financiamiento universitario. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima unos $7,7 billones en transferencias para 2027, frente a los aproximadamente $11 billones solicitados por los rectores. La semana pasada, funcionarios de Educación defendieron las cifras oficiales, pero el desacuerdo persiste.

En el ámbito de discapacidad, hay un principio de acuerdo para retirar los artículos del proyecto que modifican el régimen vigente, tras la media sanción de una nueva iniciativa en Diputados. También se cuestiona el artículo 17, que propone eliminar la movilidad automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo, y los aliados reclaman mantener esa garantía, cuya importancia ha sido documentada por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El debate con las provincias incluye las cajas previsionales no transferidas, con un monto contemplado de $503.326 millones para los sistemas jubilatorios jurisdiccionales. La obra pública destina $1,3 billones para la ejecución de proyectos en todo el país, abarcando unos 435 proyectos, aunque se prevé una reducción drástica en la ejecución bajo la gestión libertaria. El proyecto de Presupuesto mantiene su objetivo de superávit financiero de 0,2% del PBI para el Sector Público Nacional, apoyado en una expansión económica del 4% y una inflación del 18% a diciembre. La negociación deberá determinar qué compromisos se incluirán en este esquema antes de que el Presupuesto pueda ser presentado en el recinto.