Llaryora rechazó los recortes en discapacidad que impulsa el Gobierno en el Presupuesto 2027

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se opuso al proyecto de Presupuesto 2027 que propone cambios que afectarían el financiamiento y la cobertura de las prestaciones para personas con discapacidad. “No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, afirmó Llaryora en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El mandatario provincial enfatizó que las prestaciones, los traslados y las terapias no deben depender de la situación económica de las familias ni de su lugar de residencia. En este sentido, solicitó a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen cualquier reducción de recursos para el área.

Llaryora destacó que la provincia colabora con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para mantener la red de atención. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, advirtió, al señalar las posibles consecuencias de un retiro del Estado nacional en el financiamiento de las políticas de discapacidad.

Este planteo surge tras el envío por parte del Gobierno nacional al Congreso de una iniciativa que incluía modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al régimen de prestaciones básicas. Luego de las críticas de bloques aliados y organizaciones del sector, se anticipó que el capítulo cuestionado será reemplazado en la discusión legislativa.

La propuesta original modificaba aspectos centrales de la Ley 24.901, que regula desde 1997 el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad. Entre los cambios, se planteaba eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, permitiendo que cada cobertura o jurisdicción estableciera valores diferenciados.

Además, se proponía reemplazar la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad. También se retomaba el criterio de pensión por invalidez laboral para acceder a una pensión no contributiva, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima, y se establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.

Las negociaciones parlamentarias definirán si el Gobierno incorpora al Presupuesto 2027 un texto consensuado o si el debate sobre la emergencia en discapacidad continúa por una vía legislativa separada. El oficialismo anunció que retirará los artículos cuestionados, y se busca mantener un nomenclador universal con actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitiendo compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado, aunque con requisitos más estrictos.

Este debate se desarrolla en un contexto donde también se discute en la Cámara de Diputados una prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Las modificaciones inicialmente incluidas en el Presupuesto habían interrumpido las conversaciones entre el oficialismo, la oposición y los bloques aliados sobre un proyecto alternativo.