La ley de discapacidad se dictaminó en el Senado y quedó lista para ser sancionada en la próxima sesión

Un plenario de comisiones del Senado avanzó esta tarde con el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que impone una nueva ley de discapacidad, dejando atrás la actual emergencia en el área, que vence a fin de año.

Entre los puntos más importantes del texto se mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. La firma del despacho ocurrió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, liderada por Alicia Kirchner.

Kirchner destacó la urgencia de sancionar la ley antes del 31 de diciembre, afirmando: “Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”. Por su parte, Carlos Linares, también del bloque oficialista, retiró su propuesta para prorrogar la emergencia, expresando la “gran desesperación” del colectivo afectado.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, subrayó que la norma busca dar una respuesta permanente y generar previsibilidad, evitando “una pelea permanente por este tema”. Resaltó la importancia de la no incompatibilidad entre incapacidad y empleo, permitiendo que las personas con discapacidad puedan acceder a ambos beneficios.

A pesar del consenso en general, la peronista disidente Alejandra Vigo pidió modificaciones, lo que generó tensiones en el plenario. El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a los beneficios.

Se garantiza la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, permitiendo que las personas con CUD conserven la pensión si sus ingresos no superan dos salarios mínimos vitales y móviles. Además, se introducen mecanismos de control más estrictos, con auditorías periódicas por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Finalmente, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos para deudas pendientes con prestadores dentro de los 30 días de sancionada la ley, y cancelar los pagos dentro de los 90 días.