Las cárceles latinoamericanas son cuarteles del crimen organizado

Las prisiones de América Latina se han transformado en centros de mando y control del crimen organizado, donde jefes de pandillas y grupos armados transnacionales dirigen operaciones, reclutan nuevos integrantes y acumulan poder con mayor seguridad que en las calles. Esta es la conclusión central de un documento de política publicado por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida (FIU), firmado por Douglas Farah y Pablo Zeballos, de IBI Consultants, LLC.

El informe detalla cómo, en las últimas dos décadas, los centros de reclusión han dejado de ser simples depósitos de personas condenadas para convertirse en cuarteles generales de estructuras criminales que controlan territorios, economías ilícitas y flujos de comunicación. La población penitenciaria de la región creció más del 75% entre 2010 y 2020, sin que esta expansión viniera acompañada de una mayor capacidad institucional ni de un análisis estratégico sobre la eficacia del encarcelamiento masivo.

Dos casos ilustran este fenómeno: José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», lideró su organización desde la cárcel de Guayaquil, Ecuador, donde disponía de una cancha de fútbol, comidas preparadas por encargo y acceso irrestricto a teléfonos celulares. Por su parte, Héctor «Niño» Guerrero dirigió el Tren de Aragua desde la prisión de Tocorón, en Venezuela, entre 2010 y 2023, donde vivía en una casa de dos pisos con piscina y zoológico.

En las instalaciones visitadas en Centroamérica, Chile y Uruguay, el personal de seguridad custodia únicamente la periferia del edificio. El interior, que incluye la distribución de celdas, alimentos y acceso a artículos de higiene, está en manos de las organizaciones criminales. Farah y Zeballos describen esta situación como una decisión deliberada del Estado: ceder el control interno a cambio de menos violencia y menores costos operativos.

Este repliegue tiene un precio. Los líderes de los grupos armados transnacionales han encontrado en las prisiones un entorno más seguro y rentable que las calles, desde donde coordinan actos de violencia y administran economías intrapenitenciarias. Alrededor del 43% de los reclusos no ha sido juzgado, lo que alimenta el reclutamiento criminal. La prisión preventiva, aplicada como condición predeterminada, obliga a personas acusadas de delitos menores a convivir con estructuras criminales consolidadas.

El control criminal sobre los espacios se sostiene porque los grupos ofrecen lo que el Estado no provee: alimentos, crédito, protección y un sentido de pertenencia. La expansión transnacional del Tren de Aragua y otros grupos complica la gobernanza penitenciaria, replicando su modelo en países como Colombia, Ecuador y Chile.

El informe también menciona que la administración de Donald Trump ha designado a varias de estas estructuras como organizaciones terroristas, lo que ha acelerado el encarcelamiento sin un aumento proporcional de la capacidad penitenciaria. Esto ha llevado a una carrera regional por replicar el modelo de megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque con condicionantes difíciles de transferir.

Farah y Zeballos plantean que la represión como respuesta exclusiva es insuficiente y que el foco en el control físico del espacio carcelario deja sin atender la dimensión más crítica: las estructuras de mando y los flujos financieros. La propuesta central es desplegar herramientas de inteligencia especializada para identificar líderes y rastrear economías ilícitas. Reformar la prisión preventiva podría reducir la sobrepoblación y la reserva de reclutas disponibles para las organizaciones criminales.

El informe concluye que la región no necesita prisiones más blandas ni más duras, sino prisiones que el Estado pueda realmente administrar con éxito.