Iglesia y movimientos sociales presentan proyecto para financiar barrios populares

A menos de un mes y medio de la primera visita del papa León XIV a Argentina, la sede de Cáritas Argentina, ubicada en la calle Balcarce 236, en la Ciudad de Buenos Aires, será el escenario de un importante reclamo. El miércoles 30 de septiembre, a las 10, legisladores de 12 bloques políticos, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia católica presentarán un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares. Esta iniciativa busca garantizar, por diez años, el financiamiento de obras de integración socio-urbana en más de 6.400 barrios populares del país.

El Vaticano confirmó que León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, y su paso por Argentina incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combina encuentros institucionales y momentos de cercanía con sectores vulnerables. En este contexto, la Iglesia argentina ha decidido presentar el proyecto, que busca desvincular la integración socio-urbana de la lógica de cada gestión de turno.

La convocatoria reúne a más de 140 diputados de 12 bloques con representación de 11 provincias. Entre los oradores se encuentra monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, así como varios diputados nacionales firmantes del proyecto. La iniciativa surge en un momento crítico, ya que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla financiamiento específico para la continuidad de las obras de integración socio-urbana.

Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Argentina existen 6.467 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas, de las cuales cerca de 1,7 millones son niños y niñas. Entre 2023 y 2026, la ejecución de obras de integración socio-urbana cayó un 98%, lo que ha dejado 671 obras paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto de ley responde a una decisión judicial que cuestionó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) sin prever un mecanismo alternativo de financiamiento. El juez Andrés Heim dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de un decreto que afectaba el financiamiento, considerando que la falta de recursos comprometía derechos fundamentales como el acceso a la vivienda y el hábitat.

El nuevo proyecto establece un piso presupuestario anual atado al Producto Bruto Interno (PBI), comenzando en el 0,0375% para el período 2027-2029 y aumentando progresivamente. Este porcentaje inicial equivale al nivel de inversión que el FISU alcanzó en 2021. Además, ratifica y extiende por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.

La Ley 27.453, sancionada en 2018, estableció el marco normativo del Régimen de Integración Socio Urbana, reconociendo la situación de vulnerabilidad habitacional de millones de personas. La iniciativa busca garantizar el acceso a una vivienda digna y a servicios públicos esenciales, además de otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los habitantes de los barrios populares.

El proyecto es impulsado por la Mesa Nacional de Barrios Populares, que incluye a Cáritas Argentina, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), con el objetivo de asegurar que la integración socio-urbana no dependa de la voluntad política de los gobiernos de turno.