Gremios, organizaciones sociales y partidos concentran en Plaza de Mayo en la 5° Marcha Federal Universitaria

Grupos de gremios, organizaciones y partidos se concentran en Plaza de Mayo en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, donde reclaman al Gobierno la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario. Los convocantes afirman que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes.

Las calles que rodean al Congreso están valladas desde el inicio de la concentración, con un foco en Riobamba, Callao, Combate de los Pozos, Entre Ríos, Solís Virrey Ceballos y Adolfo Alsina. Desde las 12:30, las primeras columnas comenzaron a marchar hacia el palacio legislativo.

Esta movilización es la quinta organizada por el ámbito académico en lo que va del año y coincide con el intento de distintos bloques de conseguir quórum en Diputados para rechazar el DNU 70/2023 y tratar proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar. Habrá manifestaciones en todo el país y un acto central frente al Congreso donde se leerá un documento conjunto a las 16.

Un informe técnico de una consultora concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contiene los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Cumplir con la ley requeriría entre $2 y $3,65 billones en 2027, mientras que el presupuesto deja $5,93 billones sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro. Destinar esos fondos a las universidades no modificaría el resultado fiscal proyectado por el gobierno nacional.

La Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, cuando ambas cámaras del Congreso insistieron con los dos tercios tras el veto presidencial. Aunque el Ejecutivo la promulgó, suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, argumentando razones fiscales. Desde entonces, la Justicia ha ordenado cumplir con los artículos de salarios y becas, en una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, en una sentencia que el Gobierno apeló. El interrogante de fondo sigue abierto: ¿hay recursos para cumplirlo?