Paro docente bonaerense: el Gobierno avanzará con sanciones contra los sindicatos

El Gobierno nacional iniciará un proceso sancionatorio contra los gremios docentes que convocaron al paro en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión se tomó tras una fiscalización del Ministerio de Capital Humano, que detectó establecimientos cerrados, un alto nivel de ausentismo y casos en los que los inspectores no pudieron ingresar.

La intervención del ministerio se fundamenta en la Ley de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Esta norma establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual. Según información de Infobae, el ministerio que conduce Sandra Pettovello desplegó un operativo en escuelas bonaerenses, obteniendo resultados preliminares durante la mañana.

El corte realizado a las 11 incluyó 128 actas: se verificaron 47 establecimientos, 61 escuelas estaban cerradas y en otras 20 se impidió el acceso de los fiscalizadores. El ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad. Las inspecciones continuarán durante la jornada, con un nuevo corte previsto para las 13.

A partir de las actas, el ministerio buscará identificar a las organizaciones que participaron de la huelga y determinar si hubo incumplimientos de la normativa vigente. Desde Capital Humano cuestionaron a la dirigencia sindical y a los sectores de la oposición que respaldaron la protesta, anticipando que se iniciará un proceso sancionatorio.

Las medidas concretas se definirán una vez que termine la fiscalización y se establezcan las responsabilidades de cada entidad. El procedimiento alcanza, en principio, a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que incluye al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

La determinación de qué organizaciones quedarán alcanzadas por los expedientes dependerá de la documentación reunida en las inspecciones. Por el momento, el Gobierno resolvió avanzar por la vía administrativa, pero no definió una multa ni otra penalidad específica.

La ley exige una cobertura mínima del 75% durante las huelgas. El respaldo jurídico de la medida está en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026. Esta disposición reemplazó el artículo 24 de la Ley 25.877 e incluyó como servicios esenciales a la educación inicial, primaria, secundaria y especial.

El paro docente bonaerense, de 24 horas, coincide con una jornada nacional de protestas educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios reclaman recomposición salarial, reapertura de las negociaciones paritarias, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a la paritaria nacional y más recursos para el sistema educativo.

Las actuaciones del ministerio se limitarán al paro en establecimientos bonaerenses. La protesta universitaria, aunque parte de la misma jornada, corresponde a otro conflicto y no integra el procedimiento sancionatorio que prepara la cartera nacional.