Encuentro entre rectores y diputados trazó nuevas estrategias para reclamar fondos

En el contexto del debate sobre el Presupuesto 2027, rectores de universidades y diputados opositores se reunieron para diseñar estrategias que fortalezcan el reclamo por financiamiento universitario. La discusión se centra en la necesidad de asegurar fondos adecuados para las universidades, en medio de proyecciones económicas que incluyen inflación y superávit.

Una de las propuestas discutidas incluye la posibilidad de avanzar en una denuncia penal que imponga sanciones más severas por incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Además, se busca incluir esta ley en el dictamen del Presupuesto 2027 para ofrecerle mayor protección.

Las autoridades universitarias también expresaron su preocupación por el impacto del DNU 70/2023, que ha incrementado los costos de servicios por encima de la inflación. En este sentido, reclaman un retorno a las fuentes de financiamiento que históricamente han utilizado, como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ciencia, que actualmente no cuentan con recursos asignados.

El encuentro se produce en un momento clave, ya que el 15 de octubre se llevará a cabo una marcha que busca visibilizar estas demandas. Aunque algunos diputados opositores han mostrado apoyo a la movilización, también se preparan para la sesión del mismo día, donde se espera discutir la derogación del DNU 70/2023 y otros proyectos importantes.

El debate sobre el Presupuesto 2027 se intensifica, con el Poder Ejecutivo incumpliendo la ley de Financiamiento Universitario en el presente año y sin garantizar los fondos necesarios para su cumplimiento en el nuevo presupuesto. En este marco, la bancada de Unión por la Patria ha solicitado al Jefe de Gabinete que asegure el cumplimiento de un fallo judicial que ordena la ejecución de la ley de financiamiento.

El proyecto del Ejecutivo prevé asignar $7,5 billones para el desarrollo de la educación superior en 2027, lo que representa un aumento del 21% respecto al año anterior. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) demanda al menos $11 billones para cubrir los aumentos reales necesarios, así como inversiones en infraestructura y becas.