El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental

El Senado de la Nación aprobó este jueves la media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental, con 42 votos a favor y 21 en contra. Esta iniciativa, que modifica aspectos centrales de la norma vigente desde 2010, busca ampliar los criterios para las internaciones involuntarias, reincorporar a los hospitales psiquiátricos especializados dentro del sistema de atención y fortalecer el rol de los médicos psiquiatras en los equipos interdisciplinarios.

La reforma fue impulsada por el Gobierno desde la Ley de Bases original y se presentó en abril de este año. La senadora oficialista Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, destacó que la actual norma está “desactualizada” y que se requieren “herramientas nuevas” para abordar la salud mental en el país. Aseguró que el dictamen es el resultado de un proceso amplio de escucha que incluyó a más de 70 expositores de diversas instituciones y asociaciones.

Sin embargo, el bloque Convicción Federal expresó que los cambios acordados no son suficientes. Guillermo Andrada, uno de sus miembros, reconoció que aunque la Ley 26.657 es “una buena ley”, no ha logrado cumplir con sus principios en los últimos 15 años debido a la falta de recursos. Por su parte, Carlos Arce enfatizó la necesidad de garantizar financiamiento territorial para implementar las modificaciones propuestas.

La senadora radical Silvana Schneider calificó el debate como “histórico y profundamente humano”, resaltando la importancia de atender las necesidades de las familias que enfrentan problemas de salud mental. En contraste, la senadora María Celeste Giménez Navarro criticó la reforma, advirtiendo que se discute en un contexto de ajuste económico que afecta la salud mental de la población.

La reforma mantiene los principios generales de protección de derechos, pero introduce cambios significativos en materia de internaciones y tratamiento de consumos problemáticos. Se redefinen los criterios para las internaciones involuntarias, permitiendo que se dispongan en situaciones de “riesgo grave de daño” y flexibilizando los procedimientos para casos de urgencia. Además, se faculta a los jueces a ordenar internaciones involuntarias cuando los prestadores de salud se nieguen a realizarlas.

Con la media sanción del Senado, la iniciativa ahora se encuentra en condiciones de ser debatida por la Cámara de Diputados.