El Gobierno modificará su proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" en Diputados

El Gobierno admitió que deberá modificar su proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" en Diputados debido a la falta de apoyos. Una legisladora opositora resumió la situación: "Esta comisión pudo haber durado cinco minutos". La falta de consenso se evidenció con la exclusión del tema en la convocatoria a la sesión oficialista programada para el 21 de octubre.

A pesar de esto, el Gobierno mantiene el optimismo y espera conseguir el dictamen este mes. Se anticipa que el respaldo del PRO se sumará al de la UCR. Desde un bloque dialoguista se indicó: "Yo creo que van a cambiar la ley porque nos necesitan". Hasta ahora, La Libertad Avanza solo ha aceptado dos modificaciones: la creación de una Comisión Bicameral parlamentaria y la eliminación de la referencia a la "manipulación de la opinión pública".

La oposición considera estas reformas insuficientes. El MID, representado por Eduardo Falcone, solicita instancias de aprobación parlamentaria para la acción bélica. Por su parte, el peronismo insiste en debatir exclusivamente el primer capítulo de la ley, que abarca 40 de los 133 artículos del proyecto. La intención de fragmentar la ley también fue apoyada por la diputada cordobesa Alejandro Torres (Provincias Unidas) y la bonaerense Mónica Frade (Coalición Cívica), quien criticó la organización del plenario.

El único invitado que asistió al plenario fue Marcelo de los Reyes, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), quien cuestionó la necesidad de una nueva ley que, bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional, podría ocultar otros objetivos. Desde el CELS, se advirtió que la definición de amenazas a la seguridad nacional es ambigua y presenta problemas de legalidad.

En respuesta a las gestiones diplomáticas de Argentina sobre las islas Malvinas, el gobierno del Reino Unido ha implementado medidas para contrarrestar el avance argentino. Esto incluye una carta a Interpol argumentando que las solicitudes de "notificación roja" de Argentina son motivadas políticamente. Además, el Reino Unido planea impulsar leyes que protejan legalmente las actividades hidrocarburíferas en las islas, ignorando la legislación argentina y habilitando demandas contra el Estado nacional por costos derivados de sus acciones.