El Gobierno evalúa modificar el Presupuesto para cumplir con el financiamiento universitario

Con el presidente Javier Milei de viaje en Estados Unidos, el Gobierno enfrenta este jueves una jornada marcada por la presión política y legislativa, en medio de una nueva movilización universitaria y el intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, considerado central por la administración actual.

El conflicto con las universidades se intensificó tras la imposición de una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar relacionada con la actualización de salarios docentes y el fondo de becas establecido en la ley de financiamiento del sector. El Poder Ejecutivo ha cuestionado al juez federal Martín Cormick, insinuando que la sanción está vinculada a sus conexiones con el kirchnerismo.

Las autoridades nacionales han anunciado su intención de apelar tanto la multa como el fallo que ordena implementar la ley que el Congreso había insistido tras el veto de Milei. En la Casa Rosada, sostienen que los incrementos salariales desde diciembre de 2023, junto con un aumento del 21,33% en junio, han llevado la actualización acumulada al 226,80%, cifra que consideran compatible con las exigencias judiciales.

A pesar de que el Gobierno no asumirá nuevas erogaciones que afecten el equilibrio fiscal, se ha comenzado a considerar la posibilidad de modificar el Presupuesto 2027 para que los $11 billones solicitados por las universidades provengan de otras partidas. Esta opción, discutida en la mesa política, aún carece de consenso entre todos los miembros del oficialismo.

En cuanto a la sesión en Diputados, el oficialismo confía en que los bloques más duros no logren el número necesario para habilitar el debate, aunque la situación se mantiene incierta. La preocupación radica en que algunos sectores que anteriormente apoyaron al Poder Ejecutivo podrían optar por participar en la sesión debido a la presión social.

La oposición busca dejar sin efecto el DNU 70/2023, que eliminó regulaciones en varios sectores, lo que podría abrir discusiones administrativas y judiciales sobre medidas aplicadas desde diciembre de 2023. En respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha convocado a una sesión para el 21 de octubre, con la intención de tratar una alternativa legislativa que restituya límites a la venta de tierras y ofrezca una salida a los bloques aliados que rechazan el decreto.

Mientras el oficialismo negocia votos en el Congreso, los gremios docentes y agrupaciones estudiantiles llevarán a cabo una nueva movilización en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, poniendo este tema nuevamente en el centro de la agenda política.