El Gobierno busca avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que tiene como objetivo proteger los recursos naturales en las Islas Malvinas, ha enfrentado demoras en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo confía en obtener el dictamen de comisión el próximo martes para llevarlo al recinto al día siguiente.

En este contexto, un grupo de referentes libertarios trabaja contrarreloj para armonizar el texto con las propuestas de los bloques aliados. Desde el bloque violeta se aclaró que "el proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo, pero se realizarán cambios para alcanzar el consenso más amplio posible".

El oficialismo había planeado firmar el dictamen esta semana, pero los recientes fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento fallido de la oposición de derogar el DNU 70/23 retrasaron sus planes. Si todo marcha según lo previsto, el proyecto se tratará el mismo día que otros temas como discapacidad, endeudamiento y vandalismo rural.

El texto enviado por la Casa Rosada incluye sanciones más severas por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur, abarcando no solo la actividad hidrocarburífera, sino también toda explotación de recursos renovables y no renovables. Se prevén multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en Argentina para empresas y proveedores que participen en actividades prohibidas.

Sin embargo, tanto la oposición como los bloques aliados han criticado la segunda mitad del proyecto, que no se relaciona directamente con la cuestión Malvinas. Este incluye un sistema permanente de coordinación estatal en diversas áreas, cuyo órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por altos funcionarios del gobierno.

Los aliados del PRO y la UCR han expresado su rechazo al artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes intenten interferir en procesos electorales mediante campañas de desinformación. Desde el PRO se ha solicitado mayor precisión en la definición del delito de injerencia extranjera para proteger la libertad de expresión.

Los libertarios han acordado modificar la redacción del proyecto y han circulado borradores con cambios específicos. A pedido de los aliados, se incluirá la creación de una Bicameral de Seguimiento de la Seguridad Nacional, a la que el Ejecutivo deberá informar para reforzar el control parlamentario.

Además, se prevén modificaciones en los artículos que permiten al Estado auditar o intervenir infraestructuras críticas, como redes de energía y telecomunicaciones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina ha sugerido que el régimen sobre infraestructura crítica se base en un esquema de cooperación voluntaria entre el Estado y las empresas.

Los aliados del MID han insistido en que el Congreso debe autorizar las actividades militares. Durante las reuniones de comisión, el peronismo propuso separar el proyecto en dos partes, apoyando el Título I, que se centra en agravar las sanciones por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización de Argentina. Sin embargo, los libertarios no están dispuestos a avanzar por esta vía, confiando en reunir suficiente apoyo de otras fuerzas para mantener el texto original enviado por la Casa Rosada.