Reformas en seguridad: otras ocho entidades de Santa Fe piden ser escuchadas

Las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe se reunirán la próxima semana para continuar con las consultas sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, titulado "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública". Ocho entidades han solicitado ser escuchadas en este marco y serán recibidas el miércoles.

Entre las organizaciones que participarán se encuentran el Colegio de Abogados Segunda Circunscripción, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, la Red Puentes, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella", representantes de la Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Abogados Primera Circunscripción (Santa Fe) y la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad.

El proyecto del Poder Ejecutivo propone reformas a cinco leyes provinciales relacionadas con la seguridad pública, incluyendo modificaciones al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica de la Policía. La Cámara de Diputados ha decidido unificar el tratamiento de este mensaje con otros dos que ya fueron aprobados por el Senado, relacionados con el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y la intervención en mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad han acordado abrir un diálogo con diferentes actores involucrados en la discusión. Recientemente, fueron escuchados representantes del Ministerio Público de la Defensa, de la Acusación y los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Entre las objeciones planteadas por la Corte se destaca la preocupación por la delegación "excesiva" de facultades a la policía y a los fiscales, lo que podría tener implicaciones de inconstitucionalidad. Las reformas propuestas incluyen la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial y tomar declaraciones a imputados sin la presencia de un abogado defensor. Además, se contempla que el Poder Ejecutivo pueda solicitar recompensas sin requerimiento de un fiscal.

La ley para combatir el robo de celulares también ha generado controversia, ya que autoriza a la policía a solicitar el IMEI (International Mobile Equipment Identity) a cualquier ciudadano. Si una persona se niega a facilitar esta información, la policía podría requisar y secuestrar el dispositivo.

El ex Fiscal General de la provincia y actual ministro de la Corte, Jorge Baclini, ha calificado esta situación como una "presunción de ilicitud excesiva".