Despidieron a una científica del INTA que estudió los efectos de los agroquímicos

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha decidido exonerar a la investigadora Virginia Aparicio, especialista del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinadora del proyecto internacional Sprint. Esta medida, considerada la sanción más grave en el régimen de empleo público nacional, ha sido denunciada por amplios sectores académicos como una grave persecución institucional y un ataque a la libertad de investigación en temas de alta sensibilidad social y ambiental.

Según informa Página 12, el despido se fundamentó en supuestas irregularidades administrativas relacionadas con el uso de fondos, la inobservancia de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo bioético, la centralización de análisis biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de un colaborador sin designación formal para inspeccionar datos confidenciales. Sin embargo, Aparicio ha rechazado estas imputaciones, advirtiendo sobre el trasfondo político de la medida: “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes”, declaró hace un mes.

Aparicio había manifestado su intención de luchar legalmente contra la decisión, asegurando que agotaría la vía administrativa antes de recurrir a la judicial. Sin embargo, la resolución de su despido se concretó este lunes. Cabe recordar que el INTA había celebrado en 2020 su incorporación al consorcio internacional SPRINT, un acuerdo que trajo consigo un financiamiento de catorce millones de euros del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, lo que permitió al equipo de Aparicio adquirir insumos críticos para investigar la presencia de más de doscientos plaguicidas en los sistemas productivos locales.

Los avances del proyecto comenzaron a arrojar datos contundentes sobre la “ruta del plaguicida”, documentando la presencia de complejas mezclas de agroquímicos en muestras de suelo, agua, materia fecal, orina y sangre. Se confirmó que los productores convencionales presentan concentraciones significativamente mayores de estos compuestos en comparación con quienes implementan modelos agroecológicos. A pesar de que los fondos ingresaron formalmente a las cuentas del INTA y contaron con auditorías favorables, la presión sobre Aparicio aumentó, resultando en la prohibición de reuniones explicativas con productores en 2023 y la decisión de retirar al país del proyecto en 2024.

La comunidad científica ha calificado este despido como un grave atropello y un peligroso precedente. Diversas organizaciones, académicos e instituciones han impulsado una carta de rechazo en defensa de la ciencia pública y la libertad de investigar, respaldando la trayectoria de Aparicio, quien cuenta con noventa y un artículos publicados y más de 3100 citas en la literatura especializada. Los defensores de la investigadora sostienen que los cuestionamientos burocráticos son un pretexto para silenciar evidencias sobre el impacto del modelo productivo en los ecosistemas y la población, reafirmando el derecho del pueblo a contar con una ciencia transparente y libre de presiones corporativas.