Denunciaron a legisladores por no designar al Defensor del Pueblo de la Nación hace más de 17 años

La falta de designación del Defensor del Pueblo de la Nación ha motivado una denuncia ante la Justicia, reabriendo el debate sobre las herramientas disponibles para defender los derechos colectivos de los ciudadanos. José Lucas Magioncalda, integrante de CONADUP, explicó los fundamentos de la presentación y vinculó esta situación con problemáticas como el deterioro de las rutas nacionales.

Magioncalda sostuvo que el deterioro de las rutas, resultado de años de falta de mantenimiento y abandono, ha generado una situación de intransitabilidad y peligro para la ciudadanía. A pesar de que actualmente funciona la Defensoría del Pueblo, ciertas facultades para accionar judicialmente contra el Estado corresponden específicamente al Defensor, un cargo que lleva vacante 17 años y medio.

El integrante de CONADUP reclamó que los diputados y senadores avancen con la designación, afirmando que "la ciudadanía tiene derecho a estar protegida con todas las herramientas que tiene la Constitución". Según explicó, una comisión bicameral debe proponer candidatos al Congreso para que ambas cámaras decidan la designación con los dos tercios de sus miembros, un procedimiento que no ha avanzado en todos estos años.

Magioncalda cuestionó la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas para elevar un conjunto de candidatos, señalando que la comisión está integrada por 14 legisladores de distintas fuerzas. "Esta gente no está haciendo su trabajo, no está elevando un conjunto de candidatos para que las cámaras lo designen", afirmó.

Además, se cuestionó la estructura institucional de la Defensoría sin contar con su máxima autoridad. "¿Qué es lo que estuvimos pagando hace 17 años y medio si hoy no tenemos ese servicio institucional que debería brindarnos el Estado?", se preguntó.

En relación a las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos, Magioncalda indicó que, aunque no realizaron una inspección directa, reciben reclamos y fotografías que evidencian la falta de mantenimiento. Afirmó que existen resoluciones judiciales relacionadas con ciertos tramos, pero que el Estado a veces no las cumple o lo hace fuera de término.

Sobre el avance judicial de la denuncia, informó que la causa fue sorteada y recayó en el juzgado del doctor Ariel Lijo. Uno de los pasos posibles es que los denunciantes sean convocados para ratificar formalmente la presentación. Posteriormente, será el fiscal quien decida si corresponde avanzar y abrir una investigación.

Magioncalda concluyó que el planteo busca investigar la falta de avances para cubrir un cargo que resulta central para la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos.