Cuestionamientos a la privatización de AySA y futuro incierto para obras hídricas

La audiencia convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para discutir la privatización de Aguas y Saneamientos S.A. (AySA), impulsada por el Gobierno nacional, concluyó con críticas al proceso y una creciente incertidumbre sobre el futuro de las obras hídricas. Recientemente, una investigación reveló que el Gobierno no registró un crédito del Banco Mundial destinado al Sistema Riachuelo.

La Comisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) identificó irregularidades graves en la aplicación del crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por parte del Ministerio de Economía. La falta de transparencia detectada podría poner en riesgo la privatización de AySA, que fue lanzada por el gobierno de Javier Milei. La AGN emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252, señalando la falta de documentación e inversiones no registradas por más de $42.935 millones para 2025, lo que representa una subvaluación del 66,57%.

Durante la audiencia, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, criticó la administración de Milei, afirmando que la privatización es una estafa y denunciando los incrementos tarifarios. Katopodis advirtió sobre la paralización de obras necesarias para mejorar el acceso al agua potable y las cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos logramos poner en equilibrio?”, cuestionó.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también se pronunció en contra de la privatización, planteando dudas sobre la continuidad de obras esenciales como el río subterráneo Sur, que beneficia a varios municipios. Gray recordó que ha recurrido a la Justicia para solicitar la participación de la empresa provincial Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en la licitación y para cuestionar la exclusión de empresas estatales provinciales.

Gray presentó un amparo contra cláusulas del pliego que permiten a la futura concesionaria interrumpir los servicios por falta de pago y que contemplan un período de desinversión de diez años. “Un negocio inmenso para los vivos de siempre y un enorme perjuicio para millones de bonaerenses”, afirmó. El intendente instó al Gobierno nacional a frenar el proceso de privatización y a profundizar un plan de inversión sostenible en manos del Estado.