ARCA perdió un juicio y no podrá cobrarle impuestos a una empresa por tardar 15 años en resolver un reclamo

Un fallo de la Justicia ha obligado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a ajustar los tiempos en los trámites relacionados con reclamos de impuestos pagados fuera de término o considerados mal liquidados. La sentencia, emitida por la Sala V de la Justicia en lo Contencioso Administrativo, subraya el derecho constitucional de las personas a ser juzgadas en un tiempo razonable.

En este caso, el fisco nacional mantuvo abierto un reclamo durante 15 años. La decisión no solo afecta a las multas e intereses, sino que también revoca el impuesto determinado de oficio por la Dirección General Impositiva (DGI) de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La empresa que ganó el juicio es Pan American Energy, y este fallo podría sentar un importante precedente para otros casos similares.

La sentencia, fechada el 6 de octubre de 2026, revocó completamente el impuesto, los intereses y las multas debido a las demoras injustificadas que superaron los 15 años. El núcleo de la decisión se basa en un criterio novedoso: la extensión de la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable al reclamo de la obligación tributaria. Esto implica que si la administración y la justicia incurren en dilaciones excesivas, el Estado pierde el derecho a cobrar el tributo, independientemente del fondo de la discusión.

El conflicto de Pan American Energy comenzó con una fiscalización del periodo fiscal 2009. Aunque la fiscalización se refería a 2009, el organismo inició el reclamo en junio de 2017, cuando los plazos de las deudas fiscales ya habían expirado. La resolución del Tribunal Fiscal llegó recién en julio de 2025.

Diego Fraga, abogado especializado en materia tributaria, destacó la importancia de este fallo, señalando que "la Cámara dio un paso significativo al reconocer que la garantía de ser juzgado en un plazo razonable no se limita a los procedimientos penales o sancionatorios, sino que también puede alcanzar a la propia pretensión del Estado de cobrar un impuesto". Fraga enfatizó que las demoras en el proceso son difíciles de justificar y no deberían recaer sobre los contribuyentes.

El abogado también subrayó que el fisco tiene amplias facultades de fiscalización y determinación de impuestos, pero estas no son ilimitadas. El transcurso excesivo del tiempo genera incertidumbre y afecta la seguridad jurídica, lo que resulta en una asimetría injustificable entre las exigencias del Estado y los contribuyentes.