ANDIS: denuncian sobreprecios y una amputación por una prótesis no entregada

Una auditoría ha revelado que la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo, habría abonado sobreprecios multimillonarios en insumos ortopédicos, con un caso alarmante que involucra la amputación de un paciente en Río Negro.

El informe del Ministerio de Salud, que ha sido entregado a la justicia, detalla que un paciente esperaba una prótesis para evitar la pérdida de su pierna, pero esta nunca llegó. A pesar de que en los registros de ANDIS se indicaba que la entrega se había realizado, la realidad era muy diferente. Un remito, que supuestamente acreditaba la entrega, contenía una firma obtenida bajo engaño, según los auditores.

El documento oficial, identificado como Ticket 150185850, describe la situación como “grave”. La madre del beneficiario firmó un remito que no representaba la recepción del insumo, y la empresa proveedora atribuyó la falta de entrega a deudas no saldadas por la contratista. Mientras tanto, el expediente avanzó como si la prestación se hubiera cumplido, lo que llevó a la inevitable amputación del paciente.

Además, el informe señala sobreprecios de hasta 1.972% en insumos médicos. Por ejemplo, ANDIS pagó $425 millones por un sistema de válvulas, mientras que el PAMI había adjudicado un sistema similar por $124,2 millones. Las auditorías también detectaron errores en la categorización técnica y diferencias de precios de entre 300% y 1.000% en productos importados frente a alternativas nacionales.

La auditoría del Gobierno identificó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de ANDIS. Spagnuolo, quien ha sido procesado como presunto líder de una asociación ilícita, enfrenta acusaciones de administración fraudulenta y cohecho pasivo, junto a otros 18 imputados. La investigación, que incluye la revisión de licitaciones y pagos indebidos, está siendo llevada a cabo por el fiscal Franco Picardi.

El caso de Río Negro ilustra cómo las irregularidades en la compra pública pueden tener consecuencias devastadoras para los ciudadanos vulnerables. La auditoría ha puesto de manifiesto que el daño no se limita a los números en un expediente, sino que afecta directamente a la vida de las personas que dependen de estos servicios.