Xi Jinping va por los chinos más ricos del mundo con una campaña global para cobrarles más impuestos

El gobierno chino, liderado por Xi Jinping, ha lanzado una ofensiva tributaria que busca gravar los activos en el exterior de las grandes fortunas del país. Esta medida, que entrará en vigor el 22 de octubre, tiene como objetivo recomponer las arcas públicas y avanzar en la doctrina de "prosperidad común".

El nuevo impuesto del 20% se aplicará a los dividendos y a los intereses generados a través de fideicomisos radicados fuera de China. La normativa es amplia e incluye activos patrimoniales heredados, así como un mecanismo de retención para aquellos ciudadanos que trasladen su residencia fiscal al extranjero. El gobierno ha establecido un plazo de 90 días para que los contribuyentes regularicen su situación tributaria correspondiente al período 2023-2025.

Esta medida no solo busca aumentar la recaudación fiscal, sino que también tiene un componente político, ya que se espera que los sectores más beneficiados por el crecimiento económico de las últimas décadas contribuyan más al fisco. Analistas de Barclays sugieren que esta podría ser la primera fase de un control más exhaustivo sobre las ganancias de exportadores, ingresos laborales en el exterior e inversiones internacionales.

La reacción de los empresarios ha sido de sorpresa, especialmente aquellos que se encuentran en medio de una planificación sucesoria. Harry Yu, de Fung Yu Trust Services, comentó que las familias deben reconstruir registros de fideicomisos y cuentas, lo que ha convertido la planificación en un proceso arduo. Un inversor tecnológico chino destacó que el nuevo sistema revela un conocimiento previo de los activos mantenidos en el exterior.

La presión tributaria ha generado inquietud en Hong Kong y Singapur, donde se concentra gran parte del capital chino. Según Boston Consulting Group, el patrimonio transfronterizo administrado en Hong Kong alcanzó los USD 2,9 billones el año pasado, superando a Suiza como el mayor centro mundial de riqueza extraterritorial. Muchos empresarios creían que cambiar de residencia o ciudadanía los protegería de las obligaciones tributarias chinas, pero ahora se enfrentan a una nueva realidad.

La preocupación también se ha extendido a Japón, donde los inversores chinos han adquirido propiedades de lujo. Ante la embestida fiscal, muchos recurren a consultores para evitar auditorías sobre el origen de sus fondos. Taiwán y Estados Unidos se perfilan como posibles refugios para quienes ya poseen activos fuera de China, ya que estos países no participan en el Estándar Común de Reporte de la OCDE, lo que facilita el manejo de información financiera.