Una mayoría conservadora en el Congreso podría cambiar la composición de la Corte Suprema de Brasil

El próximo Congreso de Brasil se prepara para una confrontación con el Supremo Tribunal Federal (STF), que incluye un plan inédito: el juicio político contra el magistrado Alexandre de Moraes, responsable del arresto y la condena del expresidente Jair Bolsonaro por delitos de golpismo. Este esfuerzo es impulsado por aliados de Bolsonaro, quienes dominaron las elecciones legislativas de este mes y buscan ampliar el alcance de una agenda de derecha.

Un proceso de este tipo representaría una escalada del Poder Legislativo frente a un Poder Judicial fortalecido, en una pulseada que se extiende desde hace años. Si el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, derrota al presidente de izquierda en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, un Poder Judicial debilitado eliminaría uno de los principales controles sobre su gobierno.

El STF fue el principal obstáculo para la agenda de Bolsonaro padre durante su presidencia, al frenar iniciativas para debilitar protecciones ambientales y facilitar la compra de armas. La elección de este mes podría resultar decisiva, ya que el próximo presidente podrá nombrar al menos a cuatro de los once jueces del tribunal, incluyendo una vacante existente y los reemplazos de tres magistrados que alcanzarán la edad de retiro obligatorio de 75 años antes de que termine el mandato presidencial.

Después de que el expresidente Bolsonaro nombrara a dos jueces en la corte, una victoria de su hijo podría significar que la familia Bolsonaro controle la mayoría del tribunal hacia 2031. Destituir a Moraes aceleraría la llegada de esa mayoría, redefiniendo el equilibrio de poder en Brasil durante una generación.

El proceso de destitución requiere el respaldo de dos tercios de la cámara alta y se da en paralelo a la posibilidad de que los Bolsonaro controlen la mayoría de la Corte Suprema hacia el final de la próxima década. “Si Flavio gana, el próximo gobierno y el Senado pueden remodelar la mayoría del tribunal de once miembros, lo que significa definir, literalmente, el equilibrio de poder en la democracia brasileña durante una generación”, afirmó Bruna Santos, directora del Programa Brasil del Diálogo Interamericano.

El expresidente Bolsonaro permanece detenido desde noviembre por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula. Moraes, a cargo de esa causa, se convirtió en una de las figuras más polarizantes de Brasil, despertando el malestar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó el caso como una “cacería de brujas”.

Los seguidores de Bolsonaro se movilizaron para pedir la remoción del juez tras un informe de la policía federal que reveló comunicaciones entre Moraes y un banquero preso acusado del mayor fraude bancario de la historia del país. El propio Bolsonaro, investigado por vínculos con el mismo banquero, reclamó la salida de Moraes.

El legislador Alfredo Gaspar, compañero de fórmula del senador Bolsonaro, dijo que “existe la necesidad de revisar lo que ocurre hoy en la relación entre la Corte Suprema y los otros poderes del Estado”. La Constitución de Brasil permite al Senado juzgar a los jueces de la Corte Suprema por infracciones que violen la carta magna o pongan en riesgo la seguridad pública.

Desde 2023 se presentaron 48 pedidos fallidos de juicio político contra Moraes dentro del Senado, que nunca llegaron a juicio porque es el presidente de la cámara quien debe decidir si avanza una denuncia contra un juez. Esa dinámica podría cambiar, ya que el jefe de campaña del senador Bolsonaro, Rogério Marinho, es el candidato con más chances de convertirse en el próximo presidente del Senado.