Sindicatos amenazan con protestas tras eliminación del subsidio al diésel en Bolivia

Los sindicatos bolivianos están organizando su respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, medida decretada el fin de semana. La Central Obrera Boliviana (COB), junto a choferes, cisterneros y organizaciones campesinas, ha anunciado ampliados y medidas de presión, mientras el Gobierno intenta desactivar el conflicto mediante reuniones sectoriales.

El Decreto Supremo 5716 establece un nuevo precio del diésel de 17,95 bolivianos por litro, un incremento del 83% respecto a los 9,80 bolivianos que regían desde enero. Este cambio vincula el precio del combustible al costo de importación, que variará según las referencias internacionales. La COB ha rechazado el decreto y convocado un ampliado nacional de emergencia, responsabilizando al Ejecutivo de la inestabilidad social que pueda derivarse de esta medida, la cual consideran un golpe a la economía popular.

La Confederación de Choferes de Bolivia exige la abrogación del decreto, y su secretario general, Víctor Tarqui, ha advertido que el sector podría recurrir a bloqueos si el Gobierno no cede. Los cisterneros también han anunciado que dejarán de cargar y descargar combustible hasta que se encuentre una solución. En Sucre, el transporte urbano ha reducido sus unidades de forma preventiva, mientras que en Yapacaní, productores agrícolas han quemado copias del decreto y convocado a una reunión de emergencia.

La reacción de los sindicatos se produce en un contexto de encarecimiento de los alimentos. Vendedoras de mercado han anticipado nuevas subidas de precios debido al costo del diésel más caro. El Gobierno, por su parte, defiende que la eliminación del subsidio era insostenible y que el ahorro podría rondar los USD 2.600 millones anuales.

El presidente Rodrigo Paz ha anunciado un paquete de diez medidas para mitigar el impacto, que incluye un segundo Bono PEPE de 750 bolivianos, pagadero en tres cuotas bimestrales. La gasolina seguirá subvencionada hasta fin de año, pero dejará de estarlo en enero de 2027.

El estado de excepción, decretado el 20 de junio, ha sido prorrogado por otros 90 días debido a la amenaza de reanudación de movilizaciones por parte de organizaciones sociales. Este marco restringe las concentraciones masivas y prohíbe los bloqueos. La situación es delicada, ya que el presidente Paz enfrenta el desafío de mantener el respaldo del FMI sin reabrir la crisis de junio, que dejó pérdidas superiores a USD 3.000 millones y un número de muertos que varía entre 16 y 22.