El Supremo Tribunal de Brasil suspendió la autorización para explotar una enorme mina de oro en la Amazonía

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha suspendido la licencia de instalación del proyecto aurífero Volta Grande, de la empresa canadiense Belo Sun Mining, en el estado de Pará. La decisión se tomó tras considerar que no se acreditó el cumplimiento de exigencias ambientales ni de garantías para los pueblos indígenas de la zona.

La resolución fue firmada por el presidente del tribunal, Edson Fachin, y se conoció el martes. Fachin dejó sin efecto una resolución previa que permitía avanzar con la mina a cielo abierto cerca del río Xingu, en un área afectada por la represa hidroeléctrica de Belo Monte. La suspensión se mantendrá hasta que se tome una decisión definitiva o que el Tribunal Regional Federal de la Primera Región valide un acuerdo de conciliación entre las partes.

El magistrado atendió un pedido de urgencia del Ministerio Público Federal, señalando deficiencias en los estudios sobre el impacto del proyecto en comunidades indígenas y la falta de una consulta previa, libre e informada para los pueblos potencialmente afectados.

La empresa Belo Sun Mining había indicado que no preveía intervenciones físicas en el área antes del segundo semestre de 2027 y que mantenía conversaciones con la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). El proyecto Volta Grande contempla la extracción de 3,52 millones de onzas de oro durante 17 años, lo que implica la remoción de más de 600 millones de toneladas de material en una superficie de 24 kilómetros cuadrados.

Una evaluación independiente de 2021 alertó sobre la represa de residuos prevista por la compañía, que tendría capacidad para unos 35 millones de metros cúbicos de desechos mineros y agua. Investigadores advirtieron que un eventual colapso podría liberar materiales tóxicos hacia el Xingu, afectando a comunidades situadas a más de 40 kilómetros río abajo.

Sol Juruna, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas del Medio Xingu, expresó que las poblaciones ubicadas después de la represa de Belo Monte ya enfrentan una disminución del caudal y de las poblaciones de peces, afirmando: “Sabemos que incluso la más mínima contaminación del río lo destruiría todo para nosotros”.

La suspensión de la licencia ha reabierto una disputa judicial que lleva varios años y ha dejado en pausa el proyecto Volta Grande, que la compañía canadiense promocionaba como una de las mayores minas de oro de Brasil. La Funai cuestionó los estudios que respaldaron el proyecto, señalando vacíos en la evaluación de los efectos sobre comunidades indígenas, incluidas aquellas que viven fuera de territorios con demarcación oficial.

Las comunidades indígenas Juruna y Arara han denunciado que no recibieron una consulta adecuada sobre la iniciativa, acusación que Belo Sun rechaza. La normativa brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa.

La Alianza por la Volta Grande do Xingu, una coalición contraria a la mina, celebró la decisión judicial. Juruna consideró que la resolución ofreció un alivio para las comunidades, aunque advirtió que el conflicto continúa: “Fue una buena noticia para nosotras, aunque todas sabemos que la lucha no ha terminado. Seguiremos luchando, seguiremos presionando para sacar a Belo Sun de la Volta Grande do Xingu. Queremos que se vayan.”