El Gobierno de Chile retira su proyecto de reforma de seguridad del Congreso

El Gobierno de Chile ha decidido retirar del Congreso su proyecto de reforma de seguridad, que proponía ocho cambios constitucionales, debido a la falta de respaldo político y a las críticas recibidas de sectores tanto oficialistas como opositores. La iniciativa del presidente José Antonio Kast incluía la creación de un estado de excepción que podría extenderse hasta 240 días sin autorización parlamentaria, así como restricciones a la libertad de circulación y de reunión ante amenazas graves a la seguridad pública.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció el martes por la noche que el Ejecutivo apoyará una nueva propuesta elaborada por una comisión del Senado, que fue ingresada al Congreso el miércoles. “Dado ese trabajo (de los senadores) y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado”, afirmó Alvarado en un mensaje televisado desde el Parlamento.

La propuesta original había recibido críticas de legisladores de diversos sectores, incluidos aliados de derecha y miembros de la coalición de Gobierno. La organización Human Rights Watch expresó su preocupación por el estado de excepción propuesto y otras facultades, como la interceptación de comunicaciones y la requisa de bienes. En septiembre, cientos de personas marcharon en Santiago en contra de las reformas, lo que resultó en enfrentamientos con la policía.

El presidente Kast había anunciado el 6 de agosto que enviaría al Congreso una reforma constitucional para proteger la seguridad de las personas, en un contexto donde Chile registró una tasa de 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década. Los asesinatos y secuestros han aumentado en los últimos años, en parte debido a la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua.

La nueva reforma de seguridad, que surge tras el retiro del proyecto original, ha sido promovida por legisladores de diferentes sectores, incluyendo el centro, centroizquierda, centroderecha y ultraderecha. La iniciativa propone equiparar el terrorismo con el crimen organizado, establecer la segregación de presos considerados de alta peligrosidad y modificar el estado de excepción constitucional de emergencia. El legislador Andrés Longton explicó que el nuevo proyecto permite al presidente decretar el estado de emergencia por 30 días, con la posibilidad de que el Congreso lo revise y lo anule en cualquier momento durante ese periodo.

Arturo Squella, otro de los promotores, destacó que el nuevo proyecto ha logrado superar las diferencias que existían en torno al texto inicial, y que otros parlamentarios han mostrado interés en colaborar con la tramitación legislativa. Por su parte, Pedro Araya afirmó que el acuerdo alcanzado no representa un triunfo de un bloque político, sino un esfuerzo conjunto para enfrentar el problema del crimen organizado en Chile.