Senado busca dictaminar el Tratado de Patentes con cambios a favor de laboratorios locales

El Congreso argentino se apresta a finalizar el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que fue aprobado por el Senado en 1998. Aunque el trámite no ha perdido vigencia, la Cámara de Diputados realizó modificaciones en agosto, reservando el capítulo II, lo que llevó a que el tema regresara al Senado para una segunda revisión.

Los libertarios, que forman parte de la discusión, planean dictaminar el tratado en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria, programado para el miércoles 14. Un legislador de La Libertad Avanza expresó: “La intención es respetar lo que vino de allá. No queremos problemas con lo que se acordó”.

El convenio permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, simplificando el proceso de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. Esta solicitud tiene el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado en cada uno de los 158 Estados miembros del PCT. La adhesión al PCT es un requisito del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, así como de los compromisos asumidos en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

En mayo, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el PCT permite a los inventores argentinos realizar una sola solicitud para todos los países miembros, evitando la necesidad de acudir a 158 oficinas diferentes.

Sin embargo, el Gobierno enfrentó resistencia por parte de los laboratorios antes de firmar un despacho, lo que llevó a que se dejara “en reserva” el capítulo II del tratado, que establece que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros. Desde el sector se advirtió sobre la proliferación de “Evergreening”, una práctica que podría permitir a los laboratorios extender de forma artificial un monopolio sobre medicamentos existentes.

El debate en el recinto estuvo marcado por críticas de la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica. El libertario Nicolás Mayoraz consideró que estas posturas representan una visión que atrasa al país, argumentando que el régimen anterior impone mayores costos a los científicos argentinos para registrar patentes.

Ahora, el Senado debe sancionar el acuerdo, cerrando una etapa que ha esperado casi 30 años.