Bolivia: la estatal petrolera descarta un alza de la gasolina tras eliminar el subsidio al diésel

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha descartado un aumento en el precio de la gasolina y ha garantizado su abastecimiento en el país. En un comunicado, la empresa afirmó que "el precio comercial de las gasolinas no ha sido modificado y se mantiene vigente". Esta declaración se produce en medio de la incertidumbre generada por el reciente aumento del diésel, que pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos (aproximadamente 1,63 dólares) por litro tras el levantamiento del subsidio estatal.

YPFB instó a no dar crédito a especulaciones que puedan generar desinformación o aglomeraciones innecesarias en los surtidores, asegurando que cuenta con el stock suficiente para atender la demanda regular. Este comunicado se emite dos días después de que se fijara el nuevo precio del diésel, bajo un esquema que contempla fluctuaciones en función del precio del mercado internacional y del nuevo régimen cambiario flexible, implementado hace tres meses.

La eliminación del subsidio ha comenzado a impactar en el transporte y en los precios de algunos alimentos. Organizaciones sindicales y sociales han comenzado a alistar medidas de presión contra el Gobierno de Rodrigo Paz. En varias regiones, federaciones de transportistas han decidido suspender sus servicios hasta establecer nuevas tarifas, mientras que algunos conductores han incrementado provisionalmente el precio de los pasajes.

El dirigente nacional de los choferes, Víctor Tarqui, ha declarado a su sector en emergencia y ha amenazado con protestas si el Gobierno no revierte el alza. "No vamos a poder pagar ese precio, porque ¿cuánto tendría que pagar el usuario? Prácticamente es un castigo a la población y a nuestros usuarios", expresó en una conferencia de prensa.

La presión de los transportistas se suma a la de organizaciones sindicales y sociales, como los cocaleros de la región del Trópico de Cochabamba, que han anunciado movilizaciones, y la Central Obrera Boliviana, que organiza un encuentro nacional para evaluar medidas de protesta contra el gobierno.

En las primeras horas de vigencia del nuevo precio del diésel, el impacto ya se ha sentido en los mercados. Algunos negocios de abarrotes han cerrado temporalmente para ajustar sus costos, mientras que los comerciantes de productos de primera necesidad, como el tomate o el pollo, han incrementado sus precios hasta en un 70% en diferentes centros de abastecimiento.

El Gobierno ha activado mesas de diálogo con los sectores afectados, pero ha descartado abrogar el decreto que establece el nuevo precio del diésel. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, ha admitido que el fin del subsidio al combustible tendrá efectos sobre los precios, pero defiende la medida como una acción necesaria para restablecer la economía y superar la crisis financiera que atraviesa el país.

Gálvez afirmó: "Esta decisión es la correcta, la teníamos que tomar (…) no es sostenible un sistema que nos lleva a comprar caro para vender barato". El Ejecutivo sostiene que la eliminación del subsidio, que implicaba destinar cerca de 55 millones de dólares semanales a la importación de combustible, permitirá liberar recursos públicos para desarrollar obras de infraestructura.

Para mitigar el impacto de la medida, la administración de Paz ha ofrecido medidas de apoyo económico, como un aumento de 9 dólares anuales en un bono estudiantil y un pago de 70 dólares en seis meses para la población vulnerable, además de créditos preferenciales y reducción de aranceles. Sin embargo, algunos analistas han cuestionado estas medidas como insuficientes y carentes de una estrategia integral de compensación.

Las autoridades han llamado al diálogo y han advertido que las protestas estarán sujetas al estado de excepción, vigente desde hace tres meses, que prohíbe los bloqueos de carreteras y autoriza a las Fuerzas Armadas a reprimir los piquetes. Estos ajustes, que incluyen el alza del diésel y la ampliación del estado de excepción, se producen en un contexto en el que el Gobierno firma un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar las políticas económicas que buscan reorganizar el sistema financiero.