Se decretó la emergencia agropecuaria para ganaderos y apicultores de islas y anegadizos

El Gobierno de Entre Ríos ha declarado el estado de emergencia o desastre agropecuario desde el 1º de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027. Esta medida afecta a las explotaciones ganaderas y apícolas ubicadas en zonas de islas y anegadizos de los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

La decisión fue formalizada a través del decreto 3.692, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y sus ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. La medida se justifica por las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay.

El decreto instruye a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a diferir los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2026 y 2027 hasta el 31 de enero de 2028. Además, se establece un plan especial opcional de facilidades de pago para la cancelación de los anticipos, que permitirá hasta tres cuotas mensuales consecutivas sin interés, con la primera venciendo el 10 de marzo de 2028.

Los productores que se encuentren en situación de Desastre Agropecuario, según la ley provincial N° 10.836 y su modificatoria, estarán eximidos del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-Rural durante el período de emergencia. La exención será proporcional a la pérdida declarada en el certificado de desastre otorgado a cada productor afectado.

Para acceder a los beneficios, los productores deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, firmada por un profesional de las ciencias agropecuarias y certificada por una entidad vinculada al sector. Con este documento, se confeccionarán los certificados necesarios para acceder a los beneficios del decreto.

La evaluación de la situación hídrica realizada por la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario respaldó esta determinación, considerando que las inundaciones afectan significativamente la capacidad productiva de la actividad ganadera y apícola en la región. Informes de expertos del Instituto Nacional de Agua (INA) y otras entidades corroboran los daños económicos y productivos, estimando una afectación superior al 50% en la capacidad productiva ganadera.

En cuanto a la apicultura, se han reportado pérdidas directas y dificultades para el manejo de colmenas en las zonas afectadas. La gravedad de los daños, en el contexto del estado de emergencia hídrica declarado anteriormente, ha llevado a la necesidad de formalizar la entrega de certificaciones oficiales a los productores afectados.