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    Radios públicas de CABA: ofertas de privados y reclamos judiciales de empleados

    El gobierno porteño abrió los sobres de las empresas oferentes para el gerenciamiento de las radios Once Diez y La 2x4, mientras avanza un reclamo judicial de los empleados.

    1 min de lectura

    Radios públicas de CABA
    Foto: Ámbito

    El gobierno de Jorge Macri avanza en la cesión de medios públicos a privados, abriendo esta semana los sobres de la licitación para el gerenciamiento de las radios Once Diez (AM1110) y La 2x4 (FM 92.7) de la Ciudad de Buenos Aires. Este proceso se da en medio de un reclamo judicial por parte de los trabajadores de las emisoras, quienes buscan frenar la privatización.

    La licitación, que contempla un período de cinco años, ha atraído a tres oferentes: Green Umbrella Producciones, Rodolfo Héctor Herrera y Kligger SRL. Las dos primeras empresas presentaron ofertas idénticas de $2.500.000 mensuales para la FM, mientras que Kligger ofertó $1.530.000. Para la Once Diez, Green Umbrella también propuso $2.500.000, superando las ofertas de los otros dos competidores.

    Green Umbrella, fundada en 2018, busca incursionar en el ámbito radiofónico, mientras que Kligger se especializa en producción audiovisual. Rodolfo Herrera, un periodista con vínculos en el mundo del tango, también compite por el gerenciamiento.

    La Dirección de Concesiones de CABA revisará las propuestas y evaluará la viabilidad financiera de los oferentes. El pliego de condiciones establece que la empresa ganadora deberá garantizar la continuidad de la programación y hacerse cargo del mantenimiento de las frecuencias.

    Los trabajadores de ambas radios han expresado su preocupación por la falta de consideración hacia su situación laboral en el pliego, que no menciona a los empleados actuales. En paralelo, avanza un reclamo judicial que argumenta la inconstitucionalidad del proceso, ya que las frecuencias son consideradas indelegables según la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

    El fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones, Rodrigo Cuesta, se pronunció a favor de los trabajadores, sugiriendo que la decisión de la jueza que denegó la cautelar debería ser revocada. Se espera que la Cámara emita una resolución sobre la validez del proceso de licitación.

    Fuente: Ámbito

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