Nuevo plenario en Diputados para regular mecanismos de participación ciudadana

La Cámara de Diputados de Santa Fe tiene en agenda para este jueves once temas con tratamiento preferencial, destacándose la iniciativa que busca regular la Participación Ciudadana, incorporada en la recientemente reformada Constitución de Santa Fe.

Un proyecto sobre esta temática fue votado en el Senado a instancias de Julio Francisco Garibaldi (PS/La Capital) y fue remitido a dos comisiones de Diputados, donde existen varios proyectos relacionados, incluyendo uno de la justicialista Lucila De Ponti. Este jueves se llevará a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías para analizar los ocho textos que conforman el expediente.

Desde el interbloque de Unidos se ha señalado que aún no existe un acuerdo sobre el tema y se considera que debería haber una consulta al Poder Ejecutivo, algo que no ocurrió al votarse en el Senado. "Creemos que debemos tener una opinión de la Casa Gris", indicó un diputado radical.

El proyecto de Garibaldi, avalado por el Senado, regula los mecanismos de iniciativa popular, referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato, audiencias públicas, propuestas ciudadanas y desafíos públicos. La nueva Constitución dedica ocho artículos, del 58 al 65, a esta materia, afirmando que "la ciudadanía tiene el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de sus representantes libremente elegidos o de manera directa a través del ejercicio de los mecanismos que establece esta Constitución para la toma de decisiones en la planificación y la gestión de los asuntos públicos".

Además, la Constitución garantiza la participación amplia, los derechos políticos y la publicidad en condiciones de igualdad y transparencia. Los siguientes artículos abordan el derecho de iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, la posibilidad de someter a referéndum la sanción, reforma o derogación de leyes, y el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación del mandato de funcionarios electivos provinciales por grave incumplimiento de sus funciones.

También se establece un Consejo consultivo y asesor del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que promueve la concertación de acuerdos para facilitar la convivencia de intereses plurales y contribuir a la definición de políticas de interés general para la provincia. Los proyectos de ley en discusión buscan regular aspectos de lo establecido por la Constitución. El de Garibaldi, que cuenta con 104 artículos, establece el reglamento para el uso de cada una de estas figuras constitucionales en la provincia, mientras que el proyecto de De Ponti es más breve y propone la creación de la Oficina de Participación Ciudadana en la Legislatura provincial.

Además de la participación ciudadana, otros temas en la agenda incluyen un proyecto de Natalia Armas Belavi (Somos Vida) para crear el programa provincial "Niños sin pantallas" y otro de Joaquín Blanco (socialista) para establecer tarifas especiales para la carga de vehículos eléctricos.

El diputado Rubén Galassi (Partido Socialista – UNIDOS) presentó una iniciativa para que la provincia incorpore de manera permanente los cambios demográficos en la planificación de sus políticas públicas, destacando que la baja de la natalidad y el aumento de la longevidad ya están modificando las necesidades en educación, salud, y otros ámbitos. Galassi enfatizó la importancia de tomar decisiones informadas sobre estos cambios que ya están ocurriendo.

Por otro lado, la diputada Celia Arena, presidenta del bloque "Hacemos Santa Fe", presentó un proyecto de ley para actualizar el régimen contravencional de Santa Fe frente a las nuevas formas de violencia digital, enfocándose en la creación y difusión de imágenes, audios y videos manipulados mediante inteligencia artificial. Esta iniciativa busca reforzar la Ley N.º 14.471 (Ley EMA), que convirtió a Santa Fe en la primera provincia del país en avanzar con una legislación específica para abordar la violencia digital en el ámbito educativo.

El proyecto propone modificar el Código de Faltas para establecer sanciones específicas ante conductas que vulneren derechos personales mediante contenidos reales o generados artificialmente. Arena destacó que este proyecto completa la trilogía normativa provincial relacionada con la violencia digital, que incluye la Adhesión a la Ley Olimpia y la Ley Ema.