La provincia implementa un nuevo régimen ambiental para la actividad productiva

El Gobierno de Entre Ríos ha puesto en vigencia un nuevo régimen ambiental con la publicación de la reglamentación de la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas. Esta normativa moderna transforma la relación entre el Estado, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico en la provincia.

La medida representa una reforma integral que surge del diálogo con los sectores productivos, reemplazando regulaciones obsoletas, como la Ley Nº 6.260 de 1978. Se introduce un sistema unificado, digital y transparente. El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que "esta ley y su decreto reglamentario marcan un hito histórico para la provincia". Según Bernaudo, se busca ofrecer a los productores e inversores reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa, sin renunciar a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial.

La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, enfatizó que "cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos". La reglamentación se fundamenta en los mandatos de la Constitución Provincial y la Ley General del Ambiente, garantizando el derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras. Se implementará el Certificado Único Ambiental, que unifica y reemplaza todos los trámites anteriores, promoviendo un desarrollo productivo en armonía con la preservación del ambiente.

Además, la Secretaría de Ambiente ha emitido resoluciones complementarias clave, como un modelo uniforme para el Certificado de Uso de Suelo Conforme, que orienta a los municipios y comunas, respetando su autonomía. También se ha dispuesto una nueva modalidad digital para la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental, ampliando los canales de consulta pública y permitiendo que la ciudadanía acceda a la documentación ambiental de forma remota.

Finalmente, el régimen incluye la creación del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental, estableciendo un esquema de cooperación con los gobiernos locales para fortalecer el monitoreo territorial en toda la provincia.