La Justicia de Formosa condenó a cuatro periodistas por una cobertura en una comunidad originaria

El Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Formosa, condenó a cinco días de arresto a cuatro integrantes del equipo periodístico del diario La Nación por realizar una cobertura en la Comunidad San José, una comunidad originaria nivaclé. La pena puede ser sustituida por una multa de $282.550 para cada uno de los condenados.

La resolución, firmada por el juez Omar Padilla, considera a los periodistas responsables de una infracción al artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, que se refiere al inicio de actividades sin cumplir requisitos previos. Los condenados son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

El episodio que originó la causa ocurrió en septiembre de 2025, cuando el equipo realizaba informes sobre comunidades originarias para el programa Hambre de Futuro. El 15 de septiembre, los periodistas llegaron a Las Lomitas para visitar las comunidades nivaclé de San José y El Algarrobal, junto con integrantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo (APCD). Durante la jornada, realizaron entrevistas y filmaciones en San José.

Según la reconstrucción del caso, el equipo mantuvo encuentros con Guillermo López, cacique de la comunidad, y su familia. López participó de las entrevistas que formaron parte del documental sobre la situación del pueblo nivaclé. La denuncia que derivó en la causa fue presentada el 19 de septiembre de 2025, acusando a los periodistas de alterar el orden público y de no retirarse de la comunidad cuando se les solicitó. Los integrantes del equipo negaron esta acusación y afirmaron que contaban con autorización para realizar la cobertura.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) criticó la situación, señalando que durante la cobertura se produjeron seguimientos mediante vehículos sin identificar, vigilancia, una interceptación policial en rutas y la retención durante dos horas de los trabajadores de prensa. FOPEA también destacó que la denuncia fue realizada a nombre del cacique Guillermo López, quien posteriormente negó haber promovido la acusación, afirmando que agentes policiales lo trasladaron para firmar un escrito cuyo contenido desconocía.

La organización cuestionó que la Justicia provincial aplicara el artículo 73 del Código de Faltas, argumentando que para ejercer el periodismo no es necesario un carnet en ningún lugar del país. Además, remarcó que el juzgado absolvió a los cuatro periodistas de la acusación vinculada con el artículo 77 inciso “a”, referida a provocaciones o gritos, por falta de certezas, pero mantuvo la pena de arresto efectivo y la imposibilidad de acceder a su cumplimiento condicional por residir fuera de la provincia.

FOPEA advirtió que la resolución “convalida los atropellos y amedrentamientos policiales” denunciados durante la cobertura y cuestionó que una situación vinculada con el trabajo periodístico derivara en una sanción contravencional. La organización pidió a los poderes públicos garantizar el libre ejercicio del periodismo y el cese de mecanismos de amedrentamiento o criminalización de la labor de la prensa.