La Corte Suprema y los ministerios públicos encauzan el conflicto por la distribución del edificio anexo

La controversia por la distribución de la infraestructura en el Poder Judicial de Santa Fe ha avanzado hacia una resolución definitiva. A partir de una presentación conjunta firmada por las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD), la Corte Suprema de Justicia santafesina ha dado un paso importante para formalizar la asignación de dependencias dentro del edificio anexo.

El diagrama previsto incluye la ocupación íntegra del sexto piso, sectores específicos de los niveles primero y quinto, así como áreas del subsuelo. El ministro de la Corte, Jorge Baclini, destacó: "Hoy entra una nota donde los ministerios públicos aceptan parcialmente los espacios consignados. Habría un principio de la posibilidad de llegar a un acuerdo".

Este entendimiento contempla la cesión global de dichos ámbitos por parte del máximo tribunal provincial, delegando la reorganización y división interna del espacio en la Fiscalía General y la Defensoría General. Ambas reparticiones han decidido renunciar únicamente al uso del inmueble externo que albergaba el antiguo juzgado de circuito, dejando abierta la posibilidad de revisar futuras ampliaciones de superficie conforme se reconfiguren las necesidades operativas.

En cuanto al estado edilicio de las instalaciones asignadas, Baclini detalló que el quinto piso, el primer piso y el subsuelo están terminados. "Lo importante es avanzar con el acuerdo, que era un poco la expectativa que todos teníamos", afirmó. La Corte ha decidido no imponer plazos estrictos para el inicio de las actividades en los nuevos sectores, dejando la logística de la mudanza bajo la responsabilidad de cada organismo.

A pesar de esta flexibilidad temporal, en los estrados judiciales se coincide en la conveniencia de agilizar el traslado para optimizar la dinámica de trabajo y aprovechar la cercanía inmediata con las salas donde se desarrollan los debates orales. Baclini subrayó: "A ellos les conviene mudarse en los espacios que ya están habilitados porque tienen mejores condiciones edilicias y aparte están en la zona del mismo lugar donde tienen las audiencias".

El consenso alcanzado no solo permite destrabar la disputa por las condiciones edilicias que mantenía en vilo a las dependencias judiciales, sino que también posibilita la confección del instrumento legal para sellar formalmente el convenio. La modalidad de aceptación parcial queda supeditada a eventuales reajustes espaciales una vez que se complete la reubicación de los juzgados en el esquema definitivo. Baclini concluyó: "Esto dejaría zanjado el conflicto. La idea era avanzar; ellos dan una aceptación parcial sujeta a que en el futuro se analice la posibilidad de darle más espacio".