Empleados públicos
Investigan a dos empleados públicos por ausencias y les reclaman casi $58 millones
El Gobierno de Entre Ríos inició sumarios administrativos contra dos agentes del Ministerio de Desarrollo Humano por faltas injustificadas y abandono de servicios. Además, les exigió devolver casi $58 millones.
El Gobierno de Entre Ríos ha iniciado sumarios administrativos contra dos empleados del Ministerio de Desarrollo Humano por presuntas inasistencias injustificadas y abandono de servicios. Además, se les ha exigido devolver un total de $57.573.231,90, más intereses, por haberes que la administración provincial considera indebidamente percibidos.
Las medidas fueron establecidas mediante los decretos 3165/2026 y 3160/2026, firmados el 22 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendados por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.
El primer caso involucra a una agente de la Dirección de Políticas Alimentarias, quien deberá reintegrar $29.154.920,05 por haberes considerados indebidamente percibidos. La investigación se inició por inasistencias injustificadas y presunto abandono de servicios, conductas que se encuentran contempladas en la Ley Provincial Nº 9755.
El segundo procedimiento afecta a un trabajador de la Dirección de Comedores, quien deberá devolver $28.418.311,85, tras haber registrado ausencias injustificadas. En este caso, la administración provincial ya había retenido preventivamente $1.526.003,24.
Ambos empleados han sido intimados a reintegrar los fondos dentro de un plazo de 30 días corridos desde la notificación de las medidas. En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos intervendrá para iniciar las acciones legales correspondientes.
Las liquidaciones aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Humano suman un total de $59.099.235,14, de los cuales $1.526.003,24 ya han sido retenidos, dejando un monto pendiente de devolución de $57.573.231,90, sin contar intereses.
Los sumarios administrativos se llevan a cabo en el marco de la Ley Provincial Nº 9755, que regula el empleo público y establece causales de sanción por incumplimientos laborales. La apertura de estos sumarios no implica la cesantía de los trabajadores, sino el inicio de procedimientos para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Fuente: El Once