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    Justicia

    Imputaron a una concejal de Neuquén por adjudicarse un lote fiscal

    La Justicia investiga a Mónica Barrera por adjudicarse un lote fiscal tras su intervención en la ordenanza que habilitó la venta del terreno.

    2 min de lectura

    Imagen de Mónica Barrera, concejal de San Patricio del Chañar.
    Foto: Infobae

    La Justicia de Neuquén ha imputado a la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La acusación se basa en su intervención en una ordenanza que le adjudicó un lote fiscal.

    El juez de garantías Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos tras escuchar al fiscal Juan Narvaez y al asistente letrado Facundo Bernat. La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de cuatro meses.

    Según la Fiscalía, Barrera actuó en un expediente municipal que resultó en la transferencia a su favor del Lote 10 de la Chacra 28. Se sostiene que la concejal participó en la comisión que trató la iniciativa, defendió el proyecto y votó por su aprobación.

    El 25 de noviembre de 2024, Barrera solicitó al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996 para que le vendieran el terreno fiscal. El expediente llegó al Concejo Deliberante y, el 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió un despacho favorable, con la participación de Barrera y sin un dictamen jurídico formal previo.

    Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera fundamentó la propuesta y votó a favor de la adjudicación, que fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra. La ordenanza, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble, fue firmada por la viceintendenta Marta Verónica González.

    La Fiscalía también había solicitado formular cargos contra González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero Hermosilla rechazó esa imputación al considerar que existían dudas sobre la existencia de dolo en su conducta.

    El delito imputado a Barrera está previsto en los artículos 265 y 45 del Código Penal. La Fiscalía argumenta que la ordenanza fue aprobada sin respetar las exigencias de la Carta Orgánica Municipal, que requiere una mayoría de dos tercios del Concejo Deliberante y la realización de una licitación pública para la venta de inmuebles municipales.

    Con la apertura formal de la investigación, la acusación tendrá cuatro meses para profundizar las medidas del caso.

    Fuente: Infobae

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