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    Santa Fe.Geriátricos

    Geriátricos: impulsan una Comisión Investigadora para determinar responsabilidades políticas

    El Concejo de Santa Fe propone una Comisión Investigadora para determinar responsabilidades políticas tras un incidente en un geriátrico, en un contexto de denuncia penal por trata de personas.

    1 min de lectura

    Comisión Investigadora en el Concejo de Santa Fe sobre geriátricos
    Foto: El Litoral

    El Concejo de Santa Fe propone la creación de una Comisión Investigadora con el objetivo de determinar responsabilidades políticas tras un incidente en un geriátrico. Esta iniciativa busca ser una herramienta de fiscalización política y legislativa.

    La comisión estará compuesta por concejales de diferentes bloques políticos, garantizando así una representación plural y la transparencia institucional necesaria para llevar a cabo las indagatorias. Entre los puntos a investigar se incluye la revisión de los expedientes de habilitación y funcionamiento de los geriátricos involucrados.

    Además, se evaluará el desempeño del Ejecutivo municipal en cuanto a los mecanismos de inspección y control, con el fin de detectar posibles omisiones o negligencias. También se recopilarán antecedentes sobre el trato a los residentes y la presunta administración irregular de sus recursos.

    Como resultado de su labor, la comisión emitirá un informe final que permitirá determinar responsabilidades políticas y proponer herramientas normativas para evitar que hechos similares se repitan en la ciudad.

    La propuesta se fundamenta en una denuncia penal presentada en el fuero federal, que tipifica el caso bajo la figura de trata de personas. Esta denuncia detalla los requisitos legales del delito, advirtiendo sobre la posible existencia de un mecanismo coordinado de captación y acogimiento de personas adultas mayores y enfermas, aprovechando su vulnerabilidad.

    Se menciona un presunto control patrimonial ejercido por los administradores de los geriátricos, quienes habrían retenido documentos de identidad y tarjetas bancarias de los residentes, condicionando su alojamiento a la apropiación de sus haberes previsionales. La Justicia Federal investiga si estas circunstancias podrían configurar una explotación bajo la modalidad de reducción a servidumbre.

    La eventual aprobación de esta Comisión Investigadora marcaría un hito institucional, siendo la primera iniciativa de este tipo en casi dos décadas. El último antecedente se remonta a 2007, cuando se indagó la responsabilidad política del entonces intendente Martín Balbarrey, lo que resultó en su destitución y la asunción de Mario Barletta.

    Fuente: El Litoral

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