El STJ analizó la situación de las cárceles entrerrianas

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se reunió con funcionarios del Gobierno y del Servicio Penitenciario provincial para analizar la situación de las cárceles en Entre Ríos. Durante el encuentro, se abordaron temas como la alimentación de los internos, el régimen de visitas, los acercamientos familiares y el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico, que actualmente supervisa a 216 personas.

La reunión se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre y contó con la participación de los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, así como del director general de Integridad Profesional, Raúl Avero; el director del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti; el subdirector Santiago García y la directora de Tratamiento Penitenciario, Mariela Pérez.

Uno de los principales temas discutidos fue la alimentación diaria de los internos. Desde el Servicio Penitenciario informaron que cada unidad penal cuenta con un presupuesto destinado a la adquisición de alimentos y otros insumos necesarios para la elaboración de las comidas. Las compras se realizan a proveedores locales y se organiza un menú semanal, incluyendo dietas especiales para quienes requieren alimentación diferenciada por indicación médica.

Otro punto central fue el régimen de visitas a las personas privadas de libertad. Actualmente, el ingreso de familiares está sujeto a la acreditación del vínculo y a disposiciones establecidas por el Servicio Penitenciario. Las autoridades explicaron que las limitaciones implementadas durante la pandemia continúan vigentes por motivos de seguridad y organización. Ante esta situación, la Sala Penal solicitó la derogación de la circular vigente desde la pandemia y pidió garantizar las visitas de familiares y allegados conforme a la legislación.

En cuanto al mantenimiento de los vínculos familiares, el Servicio Penitenciario informó que el área de Servicio Social realiza entrevistas periódicas con los internos para conocer sus necesidades. Cuando es necesario, se gestionan acercamientos a unidades penales cercanas a los domicilios de los familiares y se promueve el uso de videollamadas para facilitar el contacto.

Durante la reunión también se presentó un informe del Centro de Monitoreo Electrónico, que supervisa actualmente a 216 personas distribuidas en 28 localidades de Entre Ríos. El organismo cuenta con 240 dispositivos electrónicos, de los cuales 216 están en funcionamiento. Las personas supervisadas se distribuyen en tres modalidades: 39 procesados con arresto domiciliario, 153 condenados con arresto domiciliario y seguimiento GPS, y 24 internos con autorizaciones para salidas laborales o familiares.

El informe reveló que el sistema opera prácticamente al límite de su capacidad, con apenas ocho equipos disponibles como reserva. Desde el Servicio Penitenciario destacaron que el monitoreo electrónico permite controlar el cumplimiento de medidas judiciales fuera de los establecimientos carcelarios, contribuyendo a reducir la ocupación de plazas en las unidades penales y permitiendo un seguimiento permanente de las personas alcanzadas por estas medidas.