El Senado impulsa la creación de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó un proyecto de comunicación que solicita a la Procuración General de la Provincia la creación de una fiscalía especializada en abigeato y otros delitos rurales. Esta iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Díaz, responde a los reclamos del sector agropecuario ante el aumento de robos de ganado, especialmente en el norte entrerriano.

El proyecto propone la conformación de una unidad fiscal especializada dentro del Ministerio Público Fiscal, que cuente con personal capacitado y recursos de investigación. Su objetivo es mejorar el seguimiento de las denuncias, la recolección de pruebas y la investigación de posibles vínculos entre hechos delictivos.

La propuesta ha recogido las preocupaciones de organizaciones como la Federación Agraria Argentina y la Mesa de Enlace, que han advertido sobre el incremento de los casos de abigeato y han reclamado medidas para fortalecer la investigación de estos delitos.

El texto establece que la Cámara Alta “vería con agrado que la Procuración General de la Provincia, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y en ejercicio de sus atribuciones, disponga la creación y puesta en funcionamiento de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos”.

Además, se solicita que esta dependencia funcione como una unidad fiscal especializada, con intervención coordinada con las fiscalías territoriales. También se plantea definir su organización, cobertura geográfica, personal y medios de investigación, así como establecer mecanismos de articulación con la Policía de Entre Ríos y los organismos encargados de controlar la identificación y el tránsito de hacienda.

La propuesta contempla la creación de canales de atención y orientación para los productores damnificados. En caso de que la puesta en funcionamiento de la fiscalía requiera nuevos cargos, modificaciones legales o recursos presupuestarios, se plantea gestionar los instrumentos correspondientes ante las autoridades competentes, respetando la autonomía del Ministerio Público Fiscal.

El proyecto surgió a partir de las advertencias de entidades agropecuarias sobre la reiteración de robos de hacienda, principalmente en departamentos del norte provincial, donde la actividad ganadera tiene una importante presencia. Entre los antecedentes mencionados se encuentran las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, quien expuso los reclamos de productores afectados por robos reiterados en la zona de Bovril.

La iniciativa busca que la investigación de estos delitos cuente con una organización estable, personal capacitado y coordinación entre las jurisdicciones, de modo que las denuncias reciban un seguimiento adecuado. No se formulan conclusiones sobre investigaciones judiciales particulares ni sobre el desempeño de sus responsables, sino que se plantea una reorganización institucional para abordar los delitos rurales con recursos y conocimientos específicos.

La unidad propuesta tendría entre sus funciones fortalecer las investigaciones relacionadas con la sustracción de ganado y otros delitos rurales conexos. Para ello, se considera necesario contar con conocimientos específicos sobre identificación de animales, documentación de movimientos de hacienda y preservación de pruebas.

Los fundamentos también destacan la importancia de analizar posibles conexiones entre distintos hechos e investigar eventuales circuitos de traslado, faena y comercialización de animales sustraídos. Estas tareas requerirían la participación coordinada de fiscales, fuerzas policiales y organismos de control.

La senadora Patricia Díaz fundamentó el pedido en las atribuciones que la legislación provincial otorga al Ministerio Público Fiscal, citando el artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos, que reconoce la autonomía funcional del organismo y le asigna la conducción de la investigación penal. También mencionó la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407, que faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para investigar delitos complejos.

La aprobación del proyecto de comunicación no implica la creación inmediata de la fiscalía, ya que la decisión corresponde a la Procuración General de la Provincia. El Senado expresó así su respaldo institucional a una medida reclamada por productores y entidades rurales para mejorar la investigación del abigeato en Entre Ríos.