Críticas a la jueza que sobreseyó a un adolescente de 14 años

El fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Riggi, cuestionó la decisión de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad en un caso de tentativa de robo, sobreseyendo a un adolescente de 14 años. Riggi confirmó que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad presentó una apelación contra la resolución y solicitó que la Cámara trate el planteo con rapidez.

Durante una entrevista radial, Riggi afirmó: “Ya interpuso el recurso de apelación, que ojalá rápidamente lo trate la Cámara”. Se refirió a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece en 14 años la edad mínima de punibilidad. La jueza dejó sin efecto este artículo para el caso en cuestión y aplicó el régimen anterior, establecido en la Ley 22.278.

De Marinis sobreseyó al joven imputado por tentativa de robo al considerarlo no punible, evaluando su situación de vulnerabilidad, el grado de tentativa y la ausencia de lesiones a la víctima. Riggi describió estos elementos al explicar los argumentos de la resolución, señalando que la jueza aplicó el régimen anterior tomando en cuenta la edad y la vulnerabilidad del adolescente.

El fiscal general adjunto expresó que la Fiscalía detectó problemas en la argumentación de la decisión, afirmando que hallaron una “debilidad enorme” en varios de los fundamentos de la sentencia. Aunque anticipó que existen siete puntos jurídicos para cuestionar la sentencia, la comunicación se interrumpió antes de que pudiera enumerarlos.

Riggi aclaró que su crítica no es un ataque personal, sino jurídico, y reconoció que los jueces pueden declarar inconstitucional una ley cuando el caso lo requiera, aunque debe ser como última alternativa. Citó el criterio de la Corte Suprema de Justicia, que considera este acto como de suma gravedad y extremo.

La jueza De Marinis resolvió el caso de un adolescente identificado por las iniciales M.I.A., imputado por una tentativa de robo ocurrida el 10 de septiembre. La resolución dispuso su sobreseimiento y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para elaborar un plan de acompañamiento familiar, facilitar su regreso a la escuela y promover su acceso a actividades recreativas. El fallo no suspendió la vigencia general de la Ley Penal Juvenil y alcanzó únicamente al adolescente involucrado en el expediente.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, confirmó que la Fiscalía apeló la sentencia y expresó su expectativa de que la Cámara revoque la decisión. Además, anunció que presentará, a título personal, un pedido de jury contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.